El Tribunal Constitucional dominicano (TC) dejó en estado de fallo una acción directa de inconstitucionalidad presentada por el ciudadano Marino Marrero Báez, la cual ataca la prolongada omisión legislativa en torno a la regulación de los activos virtuales (criptomonedas) en el país. El recurso argumenta que, ante la ausencia de un marco legal formal, se han instaurado prácticas administrativas y criterios de exclusión que restringen el uso de estos activos sin la debida motivación jurídica, afectando la libertad de empresa y el derecho al acceso financiero de los usuarios.

Hasta la fecha, la postura oficial del Estado ha sido dictada por el Banco Central, que desde 2017 advierte que criptoactivos como Bitcoin y Ethereum no son monedas de curso legal y carecen de respaldo estatal. No obstante, la pieza jurídica ante el TC sostiene que esta falta de ley no debería traducirse en bloqueos sistemáticos o restricciones generales aplicadas por las instituciones financieras de manera discrecional.

El proceso busca que la alta corte no solo reconozca la inconstitucionalidad de estas prácticas restrictivas "de facto", sino que también emita una sentencia exhortativa al Poder Legislativo para que proceda a crear una normativa clara. Esto colocaría a la República Dominicana ante el reto de formalizar un mercado que ya moviliza millones de transacciones a nivel internacional, pero que localmente opera en una zona gris de advertencias y exclusión.