La Contraloría General de la República detectó una diferencia de RD$1,292.2 millones entre los bienes que adquirió el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 y los que figuran en su registro de activos fijos. El hallazgo consta en la auditoría a la institución correspondiente a 2023 y 2024, reseñada este jueves por Diario Libre.

Según el informe, el Sistema de Administración de Bienes (SIAB) contabilizó adiciones por RD$375.9 millones, mientras que la ejecución presupuestaria reportó RD$1,668 millones en ese renglón. Es decir, solo cerca del 22.5 % del gasto en bienes quedó respaldado en el inventario oficial.

En su respuesta a los auditores, el 9-1-1 indicó que ya entregó un “reporte comparativo de bienes” donde explica las causas de las diferencias, y que trabaja en los reparos junto con la Dirección General de Contabilidad Gubernamental. La entidad no refutó la brecha; se limitó a señalar que corrige el registro.

La revisión física encontró más problemas. En el almacén de Villa Altagracia, el equipo auditor halló equipos oxidados y desarmados mezclados con bienes nuevos. Algunos artículos de la muestra no pudieron verificarse porque se habían movido sin el formulario de traslado. De 669 bienes examinados, 59 carecían de etiqueta o código oficial, y 13 de 73 vehículos no estaban rotulados. El 9-1-1 explicó que esas unidades se usan en labores de seguridad pública e inteligencia.

En el inventario de materiales y suministros, valorado en RD$22.9 millones, se encontraron discrepancias en 17 de 61 artículos revisados. Entre el auxiliar y los formularios remitidos a Contabilidad Gubernamental hay además una diferencia de RD$1.5 millones. El 9-1-1 sostuvo que se trataba de activos fijos mezclados con bienes de consumo. La Contraloría confirmó esa mala clasificación y halló más casos que los admitidos por la institución.

En materia de compras, el sistema ejecutó RD$3,509.1 millones frente a RD$1,374.1 millones previstos en su plan anual, lo que equivale a unos RD$2,135 millones adquiridos fuera de lo programado. La Contraloría dio ese hallazgo por subsanado con posterioridad, porque ahora toda compra no incluida en el plan requiere la autorización de la máxima autoridad.

El informe también señala que el 9-1-1 no elabora estados financieros y solo prepara un balance general mensual para el portal de transparencia. La institución respondió que contrató personal adicional para mejorar el proceso.

La auditoría forma parte del lote que la Contraloría empezó a publicar el 2 de octubre, cuando divulgó los informes de las primeras 24 instituciones, entre ellas el 9-1-1. La publicación siguió a la orden del presidente Luis Abinader, tras una revelación de Diario Libre según la cual cientos de auditorías seguían fuera del acceso público y la Contraloría se había negado a entregarlas. Estos informes son de control interno y se publican de forma progresiva. Son independientes de las fiscalizaciones de la Cámara de Cuentas, el órgano de control externo. Queda pendiente conocer si el 9-1-1 logrará conciliar la diferencia y si se publicarán las auditorías restantes.