Al menos 20 personas han muerto en lo que va de octubre en hechos con participación de la Policía Nacional, reportados por la institución como enfrentamientos, luego de que septiembre cerrara con 55 fallecimientos, la cifra mensual más alta registrada este año, según un recuento de Diario Libre. De acuerdo con los informes preliminares de la Policía, los fallecidos eran buscados por supuesta vinculación con delitos como homicidio, robo a mano armada y despojo de motocicletas, y tenían órdenes de captura.

La cifra se conoce en un contexto de presión oficial sobre personas con órdenes de arresto pendientes. La Policía informó la semana pasada que tiene 53,877 órdenes sin ejecutar, distribuidas en 31 clasificaciones delictivas. El presidente Luis Abinader advirtió que quienes estén en esa situación deben presentarse ante la Justicia o serán buscados por la Policía, y “les irá peor”. Según el reporte, algunas personas se han entregado desde entonces.

Diario Libre solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) estadísticas sobre los casos investigados por el Ministerio Público, los resultados de esas pesquisas y los protocolos que se aplican cuando alguien muere en una intervención policial. La PGR se amparó en la reserva de las investigaciones penales y en la protección de datos personales, y no ofreció cifras ni explicó el procedimiento. El medio precisó que varias de sus preguntas eran generales y no requerían detalles de expedientes abiertos, como si se preserva la escena, se practican autopsias, peritajes balísticos y pruebas de residuos de disparo, o se revisan las armas de agentes y fallecidos.

El mismo lunes, el abogado Carlos Balcácer y otros siete juristas pidieron al Ministerio Público una investigación “inmediata e independiente” sobre al menos 47 muertes de jóvenes ocurridas entre el 17 de agosto y el 28 de septiembre durante operativos policiales, presentadas como actuaciones legales o intercambios de disparos. Los abogados sostienen que no hubo una investigación fiscal independiente previa y reclaman que se examinen autopsias, pruebas balísticas, grabaciones de cámaras corporales y testimonios de testigos y familiares, y que se determinen las responsabilidades penales de los agentes y de los representantes del Ministerio Público que intervinieron.

En la rueda de prensa, celebrada en el Palacio de Justicia, Balcácer afirmó que el director general de la Policía, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García, incurriría en una conducta sancionada por el nuevo Código Penal al exhortar a miembros de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), mediante la clave 29, a cometer asesinatos de jóvenes. Es una acusación del abogado, y el reporte no recoge una respuesta de la Policía ni evidencia que la sustente. Los juristas sostuvieron que “la eficacia contra la delincuencia no se mide en cadáveres, sino en vidas protegidas”.

El debate se repite. Diario Libre reportó en 2025 que, entre 2021 y 2024, el número de abatidos en operativos policiales aumentó más de 190 %, y que la mayoría de esos casos no se esclarece. Ese año, la muerte de cinco hombres en La Barranquita, en Santiago, derivó en prisión preventiva contra cuatro agentes, según El Caribe.

Queda pendiente que el Ministerio Público responda a la solicitud de los abogados y que la PGR aclare qué diligencias aplica en estos casos.