El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, propuso formalmente un pacto mundial destinado a establecer estrictas reglas de juego internacionales para proteger a la infancia de los riesgos de la inteligencia artificial (IA). Durante el Diálogo Global sobre Gobernanza de la Inteligencia Artificial celebrado en Ginebra, el cual reúne a los 193 Estados miembros del organismo multilateral, el máximo representante de la ONU lanzó una dura advertencia sobre los peligros de una adopción tecnológica descontrolada. Guterres defendió de manera categórica que "ningún niño debe convertirse en un conejillo de indias de una IA no regulada", aludiendo a la urgencia de establecer salvaguardas legales globales ante herramientas cuyos alcances y capacidad disruptiva avanzan de forma desmedida.

La alerta del organismo surge tras la presentación del primer informe del Panel Científico Internacional Independiente sobre IA, el cual revela datos contundentes sobre la velocidad de adopción de estos sistemas. Mientras internet requirió 15 años para alcanzar los mil millones de usuarios a nivel global, la inteligencia artificial logró conquistar esa misma cifra de consumidores en apenas dos años. Este crecimiento exponencial expone a los menores de edad a escenarios de vulnerabilidad inéditos, con sistemas avanzados capaces de escribir código, operar de manera autónoma en la red y tomar decisiones críticas con una supervisión humana cada vez menor.

El borrador del acuerdo propone un principio de tolerancia cero frente a la generación de imágenes de abuso sexual infantil mediante herramientas de inteligencia artificial. Asimismo, el pacto estipula que las aplicaciones deberán estar programadas para redirigir inmediatamente a los menores hacia asistencia humana especializada en el momento en que se identifiquen patrones conductuales de angustia, peligro o riesgo inminente de autolesión. Esta arquitectura de control digital busca evitar que los algoritmos suplanten el soporte psicológico y los mecanismos de protección profesional tradicionales en momentos de crisis emocional.

Más allá del ámbito estrictamente ético y de protección de los derechos de la niñez, la propuesta de Naciones Unidas pone el foco de atención en la huella ecológica de la industria tecnológica. Las directrices exigen a las corporaciones de desarrollo de software publicar de forma transparente sus datos reales sobre emisiones de carbono, consumo de agua, uso del suelo y demanda energética. "Estamos empezando a darnos cuenta de la escala de su potencial disruptivo", explicó Guterres, quien detalló que estos centros de datos consumen actualmente más electricidad que la mayoría de los países del mundo. Las proyecciones de la ONU indican que para el año 2030 las infraestructuras de IA consumirán más energía que todos los estados del planeta con excepción de cinco, y utilizarán una cantidad de agua equivalente a las necesidades anuales de los 1,300 millones de habitantes del África subsahariana.

Para equilibrar esta asimetría tecnológica y geográfica, el secretario general anunció ante la Asamblea General la intención de estructurar un Fondo Mundial para la Inteligencia Artificial. Este mecanismo financiero internacional estará enfocado en dotar de capacidades operativas, bases de datos e infraestructura de computación a las naciones en desarrollo, evitando que la tecnología permanezca centralizada en un monopolio corporativo.

Para la República Dominicana, este llamado multilateral adquiere una relevancia crítica y oportuna. En un contexto donde las aulas y los hogares dominicanos carecen de un marco normativo nacional para regular el uso de herramientas inteligentes, la adopción de este pacto mundial trazaría la ruta obligatoria para que el Ministerio de Educación y los órganos de protección de la infancia legislen de forma urgente sobre los límites de los algoritmos en el desarrollo psicofuncional de los estudiantes. El debate formal continuará en las próximas sesiones de la Asamblea General, donde los países signatarios deberán definir los mecanismos de fiscalización para obligar a los gigantes tecnológicos a adaptar sus modelos de negocio a las nuevas exigencias de derechos humanos.