El director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Milton Morrison, propuso una transformación en el modelo de gestión vial dominicano al sugerir que las alcaldías asuman facultades de fiscalización del tránsito. Bajo este esquema, los gobiernos locales utilizarían a la Policía Municipal —previa capacitación— para sancionar infracciones comunes como el estacionamiento indebido y el desorden en las paradas de transporte público, tareas que actualmente recaen de forma casi exclusiva en las autoridades nacionales.

Para viabilizar esta autonomía municipal, Morrison subrayó la necesidad de modificar la distribución actual de los ingresos por infracciones. En el presente, el 75 % de lo recaudado por multas se destina a la Procuraduría General de la República y el 25 % restante al Intrant. El funcionario argumenta que una parte de estos fondos debe retornar a los municipios para que estos puedan financiar de manera autosuficiente proyectos de señalización, semaforización y control operativo del tráfico en sus demarcaciones, amparándose en el espíritu del artículo 120 de la Ley 176-07.