El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional concedió este viernes al Ministerio Público una prórroga de cuatro meses, hasta el 11 de diciembre, para concluir la investigación y presentar la acusación formal contra la red de corrupción que habría desfalcado con miles de millones de pesos al Seguro Nacional de Salud (Senasa). El juez Deiby Timoteo Peguero justificó la decisión al considerar que la solicitud del órgano acusador fue depositada dentro del plazo que fija la normativa procesal, pues llegó a las 10:42 de la mañana del 11 de agosto, antes de que venciera el término a la medianoche de ese mismo día.

El caso investiga un esquema que, según ha señalado el Ministerio Público, defraudó al Senasa con cerca de RD$16,000 millones y que la fiscalía identifica como Operación Cobra. El principal imputado es el exdirector de la entidad, Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, junto a un grupo de exfuncionarios, empresarios y prestadores de servicios de salud señalados de participar en el entramado.

Durante la audiencia, la fiscal Rosa Alba García explicó al juez que el pedimento responde a experticias e informes aún pendientes de la Contraloría General de la República, la Cámara de Cuentas, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) y varias empresas privadas, cuyo procesamiento se ha extendido por el volumen de evidencia recopilada. La representante del Ministerio Público también hizo referencia a una nueva línea de investigación vinculada a varios centros de salud, lo que sugiere que el expediente podría ampliarse con nuevos hallazgos antes del cierre de la etapa preparatoria.

El juez Timoteo Peguero sustentó la extensión en el artículo 152 del Código Procesal Penal, que permite al Ministerio Público solicitar, por una sola vez, más tiempo de investigación cuando se cumplen las condiciones formales y materiales previstas en la ley. Recordó, además, que el proceso fue judicializado el 11 de diciembre de 2025, cuando se impuso prisión preventiva a los imputados y se declaró la complejidad del caso, condición que duplica los plazos ordinarios del procedimiento preparatorio.

Las defensas de los imputados Rafael Luis Martínez Hazim y Ramón Alan Spiker se opusieron a la prórroga y solicitaron, en caso de ser acogida, una revisión de la medida de coerción que pesa sobre sus representados; Francisco Minaya no objetó la extensión, aunque también planteó una solicitud al tribunal. El juez rechazó la variación de la prisión preventiva para los tres, al concluir que persisten diligencias pendientes (entre ellas interrogatorios de testigos y la espera de informes de organismos auxiliares de investigación) que justifican mantener la medida.

El magistrado ponderó igualmente la legislación procesal vigente al momento de los hechos, específicamente el derogado artículo 228 de la Ley 10-15, que preveía la suspensión de la prisión preventiva al conceder una prórroga, salvo razones para mantenerla. Aunque esa disposición no está vigente en los mismos términos, la consideró aplicable por resultar potencialmente favorable a los imputados; aun así, determinó que las diligencias pendientes justifican la continuidad de la medida. Señaló que han transcurrido ocho meses desde su imposición, dentro del límite de 18 meses que fija la ley para la prisión preventiva.

La lectura íntegra de la decisión fue fijada para el 25 de septiembre, a las 9:00 de la mañana. Con la prórroga otorgada, el Ministerio Público deberá concluir el procedimiento preparatorio y presentar su acto conclusivo antes de esa fecha límite de diciembre.