El exprocurador general de la República y miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Domínguez Brito, expresó su absoluto desacuerdo con el paquete de medidas fiscales anunciado recientemente por el Gobierno central. El dirigente opositor fijó su posición ante la propuesta del Poder Ejecutivo, argumentando que las iniciativas tributarias presentadas carecen de un enfoque integral que proteja el poder adquisitivo de los ciudadanos y advirtiendo sobre las posibles consecuencias negativas que estos ajustes tendrían sobre la dinámica económica de la República Dominicana.

La reacción de Domínguez Brito se produce en el marco del debate nacional generado tras la presentación del proyecto oficialista, el cual tiene como objetivo principal recaudar aproximadamente 850 millones de dólares para hacer frente a las obligaciones del Estado y mitigar los efectos de la crisis financiera internacional. El paquete impulsado por la actual administración contempla un incremento en el impuesto sobre la renta para las grandes corporaciones, mayores gravámenes a las transferencias bancarias, la imposición de una tasa adicional de diez dólares a los boletos aéreos y nuevos impuestos selectivos al consumo, medidas que desde la óptica de la oposición representan una carga desproporcionada para la población.

En su evaluación de la política económica gubernamental, el líder peledeísta ha sostenido una postura crítica frente a la estrategia de incrementar los ingresos estatales exclusivamente por la vía impositiva. La visión del exministro coincide con los reclamos de diversos sectores sociales y empresariales que exigen a las autoridades explorar alternativas orientadas a la reducción y eficientización del gasto público, en lugar de encarecer el costo de la vida y las operaciones de los sectores productivos que sostienen la generación de empleos formales en el país.

Con el rechazo público de figuras clave como Domínguez Brito, se anticipa que el proyecto de reforma fiscal enfrentará un escenario de alta tensión política al ingresar a las cámaras legislativas. El Gobierno deberá ahora defender la viabilidad de sus propuestas ante un Congreso Nacional donde las fuerzas opositoras, respaldadas por el malestar de distintos gremios y asociaciones civiles, buscarán frenar o modificar sustancialmente los artículos que contemplan el aumento de la presión tributaria sobre los consumidores y las empresas.