Comerciantes definirán el 25 de septiembre si activan un paro nacional de 48 horas contra el comercio chino
La federación agrupa a más de 63,000 afiliados y exige medidas contra la informalidad, mientras el sector vehicular denuncia un problema similar con la subvaluación de importaciones
Redacción de Libertad Comunicacional
Editor jefe: Domingo Batista
17 de septiembre de 2026 a las 06:25 a. m.Lectura de 5 min

La Federación Dominicana de Comerciantes (FDC) definirá el próximo 25 de septiembre, en una Asamblea General, si finalmente ejecuta el paro de 48 horas que había planteado en rechazo a lo que considera competencia desleal por parte de los negocios chinos en el país, según informó su presidente, Iván García.
El dirigente precisó que la federación agrupa a 449 asociaciones de comerciantes y 63,580 afiliados en total, dedicados a la importación de mercancías de distintos orígenes, entre ellos China. El sector ferretero, uno de los más golpeados según la FDC, reúne a más de 5,554 negocios afiliados. García aclaró que el reclamo no apunta contra los comerciantes chinos ni sus productos como tales. "Nosotros no somos contrarios ni a los chinos ni a los productos chinos", afirmó, y explicó que el rechazo se dirige a quienes operan fuera de las reglas que rigen en el país.
Entre las medidas que exige la FDC a las autoridades figuran que las mercancías chinas se declaren en aduana al mismo valor que las de otros importadores y no muy por debajo, como denuncia el gremio, que los comercios acepten pagos con tarjeta y no solo en efectivo, que emitan comprobantes fiscales cuando el cliente los solicite, y que se respete la proporción de 80 % de personal dominicano y 20 % de extranjeros documentados. García calculó, sin precisar la fuente exacta del dato, que estos negocios podrían mover alrededor de 1,000 millones de pesos diarios en efectivo, lo que a su juicio equivaldría a una evasión cercana a los 70,000 millones de pesos en ITBIS, y afirmó que la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) tiene registrados más de 2,000 comercios de capital chino.
El reclamo del gremio no es nuevo: en julio pasado ya había advertido con un paro similar, que se detuvo después de que el Ministerio de Vivienda y Edificaciones (Mivhed) cerrara unos 15 establecimientos irregulares en agosto de 2025. El presidente Luis Abinader ha señalado, por su parte, que la DGII mantiene abiertas más de 40 auditorías a empresas de capital chino, mientras esa entidad ha reportado la fiscalización de decenas de negocios e incorporado la prevención de lavado de activos a esas revisiones. Pese a ese despliegue, el viceministro de Comercio Interno, Rainiero Olivo Bordas, adelantó que, de concretarse, el paro no tendría el efecto que busca el gremio.
La disputa por la competencia desleal no se limita al comercio minorista. La Asociación de Concesionarios de Fabricantes de Vehículos (Acofave) advirtió que el problema de la informalidad y la falta de fiscalización también afecta a la importación de vehículos, sin distinción de origen. Según un informe del economista Roberto Despradel citado por la asociación, el 90 % de los vehículos usados importados desde subastas de Estados Unidos presenta una subvaluación del 45 %, y el 96 % llega con daños previos no declarados al comprador; de corregirse ese subregistro, el Estado podría recaudar cerca de 13,200 millones de pesos adicionales al año. "La subvaluación y la falta de fiscalización adecuada están presentes en múltiples sectores", sostuvo la directora ejecutiva de Acofave, Yris Nelsi González, al pedir que la importación de vehículos se incluya expresamente en las acciones contra el comercio ilícito. El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes reportó que, entre enero y septiembre, las autoridades han decomisado mercancías irregulares por más de 1,030 millones de pesos.
Con el ministro Eduardo Sanz Lovatón como intermediario entre el Gobierno y los comerciantes, García sostuvo que las próximas dos semanas serán decisivas para encontrar una salida antes de que la asamblea del 25 de septiembre determine el rumbo final del conflicto.


