La seguridad alimentaria no consiste únicamente en encontrar arroz en las góndolas de los supermercados. Consiste en garantizar que todas las personas puedan acceder, en todo momento, a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos para vivir con dignidad. Importan la disponibilidad, el poder adquisitivo, el aprovechamiento nutricional y la estabilidad del abastecimiento. Un mercado abarrotado no garantiza seguridad alimentaria si las familias carecen de ingresos para adquirir la comida. Esa es la esencia de la definición promovida por la FAO.

La soberanía alimentaria añade una dimensión indispensable: el derecho de los pueblos a definir sus propios sistemas agrícolas y alimentarios, respetando a quienes trabajan la tierra, cuidando los recursos naturales y atendiendo las necesidades de la población. No equivale a producirlo todo ni a renunciar al comercio internacional. Significa conservar capacidad de decisión sobre cómo nos alimentamos y evitar que una dependencia externa excesiva termine hipotecando el destino nacional.

Ambos conceptos se complementan. Un país puede importar para cubrir faltantes y mejorar el acceso a los alimentos, mientras fortalece su producción nacional. El peligro surge cuando el abastecimiento de hoy se consigue debilitando la capacidad de producir mañana.

Desde esa perspectiva debe analizarse el arroz dominicano ante el DR-CAFTA. El tratado está vigente para nuestro país desde 2007. Lo que correspondía culminar en enero de 2025 era la desgravación del arroz originario de Estados Unidos. En septiembre de 2026, mediante el Decreto 635-26, el Gobierno derogó el régimen de protección arancelaria establecido por el Decreto 693-24. USA Rice celebró la decisión y reconoció sus gestiones junto a las autoridades estadounidenses para conseguirla.

Cumplir los compromisos comerciales internacionales es una exigencia de credibilidad jurídica. Evaluar sus efectos sobre un alimento básico y sobre nuestras provincias arroceras es, igualmente, una responsabilidad de Estado. La igualdad arancelaria en el papel no elimina las asimetrías en el campo.

El productor estadounidense compite con un sistema altamente mecanizado, mayores rendimientos y programas federales de respaldo frente a caídas de precios e ingresos, además de seguros agrícolas con primas subsidiadas. El dominicano opera, en términos generales, a menor escala y con mayor participación del trabajo manual. Aunque aquí también existen apoyos públicos, ambos sectores compiten desde estructuras diferentes.

Reconocer esa asimetría no implica subestimar a nuestros productores. Un informe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, publicado en enero de 2026, estima que producir una tonelada de arroz en República Dominicana costaba aproximadamente un 113 % más que en Estados Unidos en 2007; en 2024, esa diferencia se había reducido al 34 %. La brecha persiste, pero el progreso merece consolidarse con riego tecnificado, investigación, semillas mejoradas y organización productiva.

Si las importaciones desplazan las cosechas nacionales y reducen persistentemente la rentabilidad, el impacto puede extenderse a molinos, talleres, transporte, comercio y servicios rurales del Cibao Central, el Bajo Yuna y el Suroeste. El agricultor que deja de sembrar también deja de contratar y comprar. Su pérdida repercute en toda la comunidad.

La sustitución de producción nacional por arroz importado también puede aumentar la necesidad neta de divisas, considerando los insumos externos que utiliza nuestra agricultura. Su efecto sobre el peso y los precios dependerá de la magnitud de esa sustitución y de los demás flujos de la economía. Una mayor dependencia alimentaria podría aumentar nuestra exposición a depreciaciones y encarecimientos internacionales, erosionando cualquier ahorro inicial.

Estos riesgos exigen estudios verificables: ¿qué volumen importado puede absorber el mercado sin desplazar desordenadamente la producción local? ¿Qué productores quedarían más expuestos? ¿Qué programas de compensación, reconversión o financiamiento existen? ¿Cuánto del ahorro arancelario llegará al consumidor y cuánto quedará en los márgenes de intermediación?

Haití ofrece una advertencia cercana, aunque su historia no puede reducirse a una sola causa. En 1995 redujo al 3 % el arancel al arroz importado. Según el propio USDA, las importaciones aumentaron inmediatamente en más de 60,000 toneladas, hasta alcanzar 207,000, con Estados Unidos como proveedor dominante. La producción local permaneció estancada, limitada también por deficiencias de financiamiento, semillas, maquinaria y riego.

Las importaciones ampliaron la disponibilidad de alimentos, pero no resolvieron esas debilidades productivas. En 2010, Bill Clinton reconoció públicamente las consecuencias negativas de la política que había promovido sobre la capacidad arrocera haitiana. La lección exige equilibrio: importar puede aliviar necesidades inmediatas; reconstruir una agricultura debilitada resulta mucho más difícil.

La capacidad nacional adquiere mayor valor cuando el mundo se vuelve incierto. Las pandemias alteran las cadenas logísticas; los conflictos encarecen energía y fertilizantes; las sequías y las inundaciones dañan cosechas. Los exportadores también restringen ventas para proteger sus mercados internos. India lo hizo con determinadas exportaciones de arroz en 2023. Tener dinero para comprar no garantiza que el alimento esté disponible cuando se necesita.

A esta vulnerabilidad se suma una contradicción que el Gobierno debe esclarecer. Leonel Fernández denunció que durante 2024 se autorizaron grandes importaciones de arroz desde países distintos de Estados Unidos sin pagar aranceles. Esa denuncia exige publicar permisos, orígenes, volúmenes, beneficiarios y tributos efectivamente cobrados.

De confirmarse, el Gobierno habría debilitado su autoridad moral y política para pedir consideración al socio con el que mantiene un acuerdo comercial, después de conceder aperturas a terceros. ¿Cómo sostener ante Washington que resulta indispensable proteger al productor nacional si antes se facilitaron importaciones que lo exponían? Esa incoherencia comprometería la credibilidad negociadora del Ejecutivo, aunque jamás disminuiría el derecho del pueblo dominicano a defender su seguridad alimentaria.

También existe un riesgo migratorio. Si la pérdida de ingresos rurales no encuentra alternativas, podría intensificar la salida hacia las ciudades y el exterior, incluido Estados Unidos. Los negociadores estadounidenses deben considerar que preservar oportunidades en nuestros campos favorece la estabilidad regional. Proteger una agricultura viable también contribuye a reducir las condiciones que empujan a las familias a emigrar.

La respuesta requiere diplomacia, productividad y protección social: negociar soluciones compatibles con los compromisos internacionales; fortalecer riego, semillas, financiamiento y seguros; acompañar a los pequeños productores y vigilar posibles prácticas desleales. Todo ello con metas, presupuesto, transparencia y rendición de cuentas. La protección debe servir para elevar la productividad y asegurar alimentos accesibles, con beneficios comprobables para productores y consumidores.

La seguridad alimentaria exige garantizar la comida de hoy. La soberanía alimentaria exige preservar la capacidad de producir alimentos y decidir cómo nos abastecemos mañana. Defender ambas es una responsabilidad de Estado.

El precio de una libra de arroz importa. La capacidad del país para alimentar a su gente cuando el mundo se cierra también.