El Ministerio de Interior y Policía, bajo la dirección de la ministra Faride Raful, desplegó un operativo masivo en el Gran Santo Domingo durante el pasado fin de semana, el cual resultó en la fiscalización de 19,000 motocicletas y la retención de más de 6,000 unidades. Esta intervención estatal obedece a una estrategia de contingencia estructurada como respuesta directa a los recientes episodios de violencia protagonizados por motoristas contra conductores civiles y servidores públicos, destacando el reciente ataque a un chofer del Sistema Nacional de Transporte Estudiantil (TRAE).

Como fase complementaria de este plan de seguridad, el Gobierno a través de Interior y Policía, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y el Ministerio de Obras Públicas inició un proceso de articulación con los directivos de las asociaciones de motoconchistas. El propósito central es ejecutar una depuración exhaustiva en las paradas reguladas para identificar a individuos que operen en este sector y posean antecedentes penales, órdenes de arresto o procesos pendientes con la justicia.

La medida evidencia un intento del Estado por recuperar el control del espacio público y reducir la accidentabilidad y la criminalidad asociadas al uso irregular de este tipo de vehículos. Según los datos oficiales, el 31.5 % de los motores inspeccionados en el operativo reciente fueron sacados de circulación por infracciones básicas como la ausencia de casco protector, carencia de documentación, tránsito en vías contrarias o invasión de espacios peatonales.