El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) anunció este jueves una nueva normativa federal que endurece sustancialmente las condiciones de permanencia legal para los titulares de visas de estudiantes (F) y de programas de intercambio (J). La medida, integrada en la política migratoria de la administración del presidente Donald Trump, tiene como objetivo declarado frenar el fenómeno de los "estudiantes eternos". De acuerdo con el secretario del DHS, Markwayne Mullin, se busca evitar que algunos ciudadanos extranjeros abusen del sistema migratorio matriculándose de forma consecutiva en diversos planes de estudio con la única intención de prolongar su estancia indefinida en el país norteamericano.

Hasta la fecha, la regulación permitía a los estudiantes extranjeros ingresar bajo la condición de "duración de estatus", lo que posibilitaba su permanencia mientras mantuvieran un estatus académico activo. La reforma elimina esta flexibilidad e introduce un límite temporal estricto: los estudiantes serán admitidos únicamente por el tiempo establecido de su programa específico, fijando un tope máximo de permanencia regular de cuatro años. Mullin afirmó en un documento federal que, "al implementar límites claros y finitos a estos visados, Estados Unidos está recuperando su capacidad para examinar, evaluar y monitorizar adecuadamente a las personas dentro de nuestras fronteras". Además, el secretario subrayó que el cambio "garantiza que los estudiantes extranjeros se mantengan centrados en su propósito principal: completar sus estudios y regresar a casa".

Las nuevas directrices establecen que quienes necesiten tiempo extra para finalizar sus planes de estudio deberán realizar una solicitud formal de Extensión de Estancia (EOS) ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS). Este mecanismo traslada la fiscalización de los centros de enseñanza hacia la autoridad federal, exigiendo la presentación de pruebas biométricas, revisiones de antecedentes judiciales y validaciones en materia de fraude. Asimismo, el reglamento reduce drásticamente de 60 a 30 días el margen de gracia que tienen los estudiantes con visa F-1 para preparar su salida del territorio nacional, cambiar de institución académica o modificar su condición migratoria tras concluir su ciclo educativo.

Esta modificación normativa entra en vigor en medio del escrutinio público en República Dominicana tras registrarse la detención del pelotero universitario dominicano Johan Sandoval, ocurrida el pasado 3 de julio en Clifton Park, Nueva York. Sandoval, estudiante de Administración de Empresas en la Universidad Estatal de Savannah (SSU) y Jugador Más Valioso del Juego de Estrellas de la HBCU, fue retenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) debido a una inconsistencia administrativa en su estatus de estudiante F-1. Según explicaron sus representantes legales, el incidente derivó de un fallo burocrático en la transferencia de su historial migratorio desde el Bryant & Stratton College hacia SSU, lo que provocó la cancelación técnica de su visa en abril de 2025 sin que el atleta estuviera al tanto de su situación.

Aunque Sandoval fue liberado bajo fianza la noche del 15 de julio de 2026 tras emitirse un nuevo formulario de elegibilidad migratoria I-20 por parte de la SSU, su caso ilustra los riesgos y la vulnerabilidad a los que se exponen los estudiantes y becarios dominicanos en territorio estadounidense. Con la entrada en vigencia de las nuevas exigencias del DHS, los retrasos en las tramitaciones académicas ordinarias o las discrepancias en los registros de transferencia dejarán de ser meras demoras administrativas escolares para traducirse en causales automáticas de detención federal y en la activación de procesos formales de deportación.