El Instituto Duartiano, encabezado por Wilson Gómez Ramírez, emitió una enérgica advertencia sobre los riesgos que supondría para la soberanía de la República Dominicana acatar la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Según la entidad, existen movimientos dentro de órganos del Estado que buscan viabilizar cambios en la Constitución para flexibilizar las políticas de nacionalidad y control migratorio.

La principal preocupación radica en la posible imposición del jus soli absoluto, lo que obligaría al Estado a otorgar la nacionalidad dominicana a hijos de extranjeros nacidos en territorio nacional, sin importar el estatus migratorio de sus padres. Gómez Ramírez sostuvo que esto mermaría la capacidad del país para ejecutar repatriaciones y afectaría la integridad estatal.

Paralelamente, el Instituto fijó posición sobre la crisis en Haití, instando al Gobierno a mantener una estricta no intervención, conforme al artículo 3 de la Constitución Dominicana. La entidad rechazó cualquier participación directa en fuerzas internacionales y cuestionó la gestión de la Cancillería en foros extranjeros, delegando la responsabilidad de la solución del conflicto haitiano exclusivamente en la comunidad internacional (ONU y OEA).