A pesar de la extensión indefinida del alto el fuego anunciada por el presidente estadounidense Donald Trump, la situación interna en Irán ha derivado en una agresiva oleada de represión. Organizaciones de derechos humanos, como Iran Human Rights (IHR), denuncian que el régimen de Teherán ha intensificado las ejecuciones en la horca y las detenciones arbitrarias, afectando tanto a presuntos espías como a ciudadanos comunes. Tan solo este miércoles, se informó la ejecución de Mehdi Farid, acusado de vínculos con el Mosad, sumándose a una lista de víctimas que incluye a opositores del grupo MEK y manifestantes de las protestas de enero.

Las cifras son alarmantes: desde el inicio del conflicto el 28 de febrero, se contabilizan al menos 3,646 detenciones, de las cuales 767 ocurrieron durante el periodo de tregua iniciado el 8 de abril. Los cargos imputados por el Estado suelen ser vagos, castigando severamente la posesión de terminales de internet Starlink o el envío de material audiovisual a medios extranjeros. Todo esto ocurre bajo un apagón digital que ya suma 53 días, dificultando la documentación de los abusos.

Ante este escenario, activistas y directivos de oenegés internacionales exigen que la administración estadounidense incorpore los derechos humanos como un eje central de las negociaciones de paz. Advierten que, de no ser así, cualquier acuerdo ignorará la vulnerabilidad de cientos de manifestantes que actualmente enfrentan condenas a muerte por cargos de seguridad nacional en los tribunales revolucionarios.