La mayoría de las observaciones que el Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed) hace a los proyectos de construcción que revisa tiene que ver con aspectos que pueden comprometer el comportamiento de las estructuras ante un terremoto. Sin embargo, la institución no sabe cuántos proyectos presentan esas deficiencias, según informó el propio ministerio a Diario Libre.

De acuerdo con esa respuesta, las fallas que el organismo detecta con más frecuencia son las omisiones de cargas importantes en los modelos de análisis, deficiencias en el acero de refuerzo y dimensiones insuficientes de columnas, vigas y muros, que podrían provocar desplazamientos excesivos durante un sismo. También señala conexiones inadecuadas entre elementos estructurales, problemas de estabilidad en las cimentaciones, inconsistencias entre los cálculos y los planos y memorias de cálculo incompletas o con documentación insuficiente. Según el ministerio, la mayoría de sus observaciones se relaciona con la resistencia, la estabilidad, la ductilidad y el diseño de los componentes estructurales.

La Ley 160-21, que creó el Mivhed, le dio competencias de regulación, permisos y supervisión de las edificaciones, mientras que el Reglamento R-004 desarrolla el procedimiento para inspeccionar las obras privadas. Antes de aprobar un proyecto, el ministerio evalúa si resiste las fuerzas sísmicas correspondientes a su ubicación, además de la distribución de columnas, vigas y muros, la cimentación, el estudio geotécnico y los desplazamientos previstos. Si la documentación no cumple, emite un dictamen con las correcciones necesarias y deja pendiente la aprobación. La licencia de construcción no se entrega hasta que se comprueban los requisitos mínimos de seguridad estructural.

El control durante la obra funciona de otra manera. Según el reglamento, es el director responsable de la construcción o su representante quien debe solicitar las inspecciones al Mivhed en cada etapa, y luego la inspección final. Si una etapa no se revisó porque no se pidió, el inspector debe exigir una evaluación estructural de esa parte. Además, la licencia se considera nula si la obra no recibe todas las inspecciones requeridas y no se depositan los resultados de las pruebas. Cuando se comprueba que lo construido se aparta de los planos o tiene vicios que afectan su resistencia, el ministerio puede exigir nuevos cálculos, rediseños, reforzamientos e incluso paralizar los trabajos.

El nuevo Código de Construcción fue oficializado en abril de 2026 y está en un período de transición hasta el 10 de abril de 2027, durante el cual puede coexistir con el régimen técnico anterior, según la fecha y modalidad en que se haya sometido cada proyecto.

El ministerio no pudo informar cuántos proyectos han sido observados, modificados o rechazados en los últimos cuatro años por incumplimientos de seguridad sísmica, protección contra incendios o evacuación. Explicó que no tiene un registro consolidado con ese detalle, pues sus estadísticas se concentran en solicitudes, licencias emitidas y tipos de proyectos, y que obtener la cifra requeriría procesar información de sus sistemas internos. Por eso tampoco puede estimarse qué proporción de los proyectos presenta fallas capaces de comprometer su resistencia ante un terremoto.

El vacío de datos coincide con lo que Diario Libre reportó el 27 de septiembre: ninguna institución consultada pudo precisar cuántas edificaciones resistirían un sismo de gran magnitud. Desde 2011, tras el terremoto de Haití, rige un reglamento sísmico obligatorio para las nuevas estructuras, pero no se ordenó reevaluar las construidas antes. Para esos casos, la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie) realizó 1,391 evaluaciones entre 2020 y noviembre de 2025, todas a solicitud.

Queda por ver si el ministerio consolidará esas cifras y cómo aplicará el código antes de que cierre la transición.