El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) de Venezuela ejecutó la deportación hacia los Estados Unidos del empresario colombiano Alex Saab, considerado por agencias de inteligencia el principal operador financiero y presunto testaferro del depuesto mandatario Nicolás Maduro. La medida, tomada bajo la gestión de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, se fundamentó en disposiciones de la legislación migratoria venezolana y en los requerimientos judiciales vigentes en territorio estadounidense por delitos de corrupción y lavado de activos. Saab había sido destituido en enero de su cargo como ministro de Industria y Producción Nacional, semanas después de la captura y traslado de Maduro a EE.UU.

El arresto definitivo de Saab se produjo a principios de febrero en Caracas a solicitud de Washington, luego de que fiscales federales en Miami presentaran una nueva acusación en su contra. Este procedimiento cierra un ciclo de contradicciones institucionales para el empresario, quien en 2023 había regresado a Venezuela gracias a un indulto de la administración de Joe Biden tras permanecer dos años detenido en territorio norteamericano. El nuevo esquema de poder en Caracas, surgido tras el derrocamiento de Maduro, desmanteló la protección diplomática que el antiguo régimen le había otorgado desde su primera captura en Cabo Verde en 2020.

Las investigaciones internacionales señalan a Saab, de 54 años, como el cerebro detrás de una red de sobrefacturación y malversación de fondos públicos vinculada a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) y al plan Misión Vivienda, operaciones que presuntamente compartía con familiares directos de Maduro. A pesar de las presiones previas del chavismo, que persiguió judicialmente a los periodistas de investigación que develaron la trama, el actual gobierno provisional optó por la entrega del empresario, un movimiento estratégico que redefine el tablero político venezolano y sus relaciones bilaterales.