La economía de la República Dominicana atraviesa un momento de alta presión inflacionaria, con un incremento interanual del 5.35 % que supera las estimaciones establecidas por las autoridades monetarias del país. Este encarecimiento generalizado del costo de la vida está siendo impulsado directamente por las fluctuaciones internacionales en los precios del petróleo, lo que ha comenzado a desencadenar un efecto dominó en los costos de los servicios básicos a nivel nacional, golpeando de manera directa el presupuesto de las familias dominicanas.

El sector transporte ha sido el primero en transferir estos aumentos al consumidor final. Desde el domingo, los usuarios de 33 rutas del transporte público en la ciudad de Santiago de los Caballeros pagan una tarifa de 40 pesos, un incremento de cinco pesos decretado por la Central Nacional de Trabajadores del Transporte (CNTT). Esta medida responde a que el renglón de transporte registró un alza del 2.16 % en el índice de precios al consumidor tan solo en el pasado mes de mayo, convirtiéndose en el principal motor de la inflación mensual. Aunque el precio del Gas Licuado de Petróleo (GLP) se mantiene congelado, los incrementos acumulados en las gasolinas regular y premium, así como en el gasoil, que oscilan entre los 33.5 y 48.1 pesos derivados de la inestabilidad en el Medio Oriente, han sofocado la rentabilidad de los choferes.

A pesar de este escenario, no todo el sector del volante ha optado por castigar al usuario. Un bloque de doce organizaciones de transporte urbano, interurbano y turístico, agrupadas bajo la denominación G-12, anunció su decisión de descartar por el momento cualquier aumento en el precio del pasaje. El colectivo argumentó que busca respetar los acuerdos previamente asumidos con el Gobierno dominicano y evitar desestabilizar aún más la economía de la clase trabajadora del país.

Sin embargo, el frente económico podría complicarse aún más en el ámbito de la salud. La Asociación Nacional de Clínicas Privadas (Andeclip) advirtió sobre la inminente paralización de los servicios médicos a los pacientes afiliados a las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS). La entidad gremial exige una indexación del 110 % en las tarifas que reciben de las aseguradoras, escudándose en las propias proyecciones del Banco Central sobre la inflación acumulada específica del sector sanitario. Andeclip tiene pautado decidir este miércoles si ejecuta la suspensión de atenciones, una medida extrema que obligaría a miles de asegurados a cubrir de su propio bolsillo las consultas y procedimientos médicos en medio de un clima económico ya restringido.