La Oficina de Atención Permanente de San Cristóbal impuso este martes tres meses de prisión preventiva a Ángel Gabriel Capellán, conocido como "el Pastor", dirigente de la fundación "Restaurando Vida. Un Muerto que Revive", ubicada en Bajos de Haina. El Ministerio Público lo imputa de trata y explotación infantil, según informó Diario Libre. El abogado del imputado, Manuel Soto Lara, confirmó la medida y adelantó que la apelará.

Un segundo imputado, Isaías Ramón Muñoz Rodríguez, señalado como cómplice de Capellán, recibió una garantía económica de 20,000 pesos, impedimento de salida del país sin autorización judicial y la obligación de presentarse periódicamente ante el tribunal.

El caso salió a la luz a finales de agosto, cuando uno de los menores retenidos en el recinto logró escapar y denunció maltratos ante un destacamento policial. La denuncia derivó en un operativo con dos allanamientos, en los que fueron rescatados 13 menores de edad, con edades que iban desde los tres meses hasta los 13 años, que se encontraban bajo el control de la fundación, instalada dentro de una finca que combinaba funciones de espacio religioso y hogar de acogida no autorizado.

Según la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público, los menores presentaban signos de maltrato físico y psicológico. El expediente atribuye a Capellán, identificado como pastor de la institución, haber ejercido maltrato constante sobre los niños. El documento judicial también consigna que, al enterarse de la detención de Capellán, Muñoz movilizó a varios menores hacia una vivienda en el sector Los Solares, en el mismo municipio, lo que el Ministerio Público interpreta como un intento de encubrimiento.

El expediente revela, además, que la fundación ya había sido advertida por el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), que en octubre de 2020 le notificó la suspensión de sus operaciones y le prohibió el ingreso de menores de edad, solicitando la reinserción familiar de los niños que entonces tenía bajo su cuidado. Un mes después, Conani envió un memorándum adicional al hoy imputado. Pese a esas advertencias, la entidad, que carecía de autorización para funcionar como hogar de acogida, continuó operando durante años.

Ambos imputados enfrentan cargos bajo la Ley 63-24, que modifica la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, así como la Ley 46-27 y la Ley 136-03, referente a los derechos de niños, niñas y adolescentes. Capellán deberá cumplir la medida en el centro correccional de Najayo-Hombres, en San Cristóbal.

El caso ha generado reacciones divididas: mientras el Ministerio Público sostiene la acusación con base en el expediente y los testimonios recabados, varias mujeres que se identifican como madres de algunos de los menores rescatados han defendido públicamente a Capellán y niegan que haya existido maltrato. El proceso continúa, y las madres de los niños han solicitado formar parte del proceso judicial mientras avanza la investigación.

Se trata de un tema sensible que involucra a menores de edad. Quienes deseen reportar situaciones similares pueden acudir al Conani o a las autoridades competentes.