La Reducción De 20 Diputados Constituye Un Avance, Pero Su Verdadero Impacto Debe Reflejarse También En Una Disminución Del Gasto Público
PAUL J. MALDONADO B
16 de noviembre de 2026 a las 06:42 p. m.Lectura de 8 min
Una de las grandes conquistas de la reforma constitucional del año 2024, además de establecer mayores límites a la reelección presidencial, fue la reducción de la Cámara de Diputados de 190 a 170 legisladores. Una decisión que considero acertada y necesaria, tomando en cuenta que nuestro país ha mantenido una representación congresual relativamente elevada en proporción a su población.
Hay que recordar que, durante el año 2024, el presidente Luis Abinader también impulsó una propuesta de reforma fiscal, procurando obtener el apoyo y consenso de los distintos sectores de la sociedad. En ese contexto de reformas y de llamados al sacrificio colectivo, la reducción de 20 curules en la Cámara de Diputados representó una señal de que la clase política también debía asumir su cuota de sacrificio.
En ese sentido, con la promulgación de la reforma constitucional del 27 de octubre de 2024, quedó establecido en el artículo 81 de nuestra Carta Magna que la Cámara de Diputados estará compuesta por 170 congresistas, distribuidos de la siguiente manera: 158 diputados elegidos por circunscripciones territoriales, cinco diputados nacionales por acumulación de votos y siete representantes de la comunidad dominicana en el exterior. Esta nueva composición entrará en aplicación a partir de las elecciones del año 2028.
Precisamente, como consecuencia de esta disposición constitucional, la Junta Central Electoral (JCE) presentó recientemente un borrador de proyecto de resolución mediante el cual propone la nueva distribución de las curules correspondientes a las provincias y al Distrito Nacional. Como era de esperarse, la propuesta llamó la atención, debido a que distintas demarcaciones experimentarían una reducción en su representación congresual.
Resulta hasta contradictorio que quienes participaron en la aprobación de esta reforma constitucional ahora manifiesten reparos frente a sus consecuencias. Aunque es legítimo discutir los criterios utilizados por la JCE para distribuir las curules, no podemos perder de vista que la reducción ya fue establecida por nuestra Constitución y que, por tanto, debe ser respetada y acogida de manera obligatoria.
En caso de que no quiera ser reconocida esta disposición por parte de los partidos se estaría violentando la Constitución de la República.
Por otra parte, debemos analizar esta decisión desde la perspectiva de la representación ciudadana. Según el Censo, nuestro país cuenta con aproximadamente 10.8 millones de habitantes. Si tomamos como referencia los 170 diputados establecidos en la reforma, estaríamos hablando de aproximadamente un legislador por cada 63,000 habitantes.
Es cierto que otros países de la región, e incluso Estados Unidos, cuentan con una mayor cantidad de representantes en sus cámaras legislativas. Sin embargo, también debemos tomar en consideración que algunos de estos países como Brasil, Argentina, México, tienen poblaciones varias veces superiores a la nuestra.
Ahora bien, hay otro aspecto que considero fundamental y que no puede quedarse fuera de este debate: el ahorro económico que debería representar esta reducción para el Estado dominicano.
Veamos un ejemplo sencillo. Supongamos, de manera conservadora y para fines ilustrativos, que cada diputado representa un costo mensual de RD$600,000 para el Estado, incluyendo salario, personal de apoyo, beneficios, gastos de representación y otras partidas vinculadas al ejercicio de sus funciones.
Bajo ese supuesto, la eliminación de 20 curules representaría un ahorro aproximado de RD$12 millones mensuales, RD$144 millones anuales y RD$576 millones durante los cuatro años que comprende un período legislativo.
Estamos hablando de recursos importantes que podrían destinarse a otras necesidades de nuestra sociedad, particularmente a áreas como el deporte, la salud y la cultura.
Pero aquí viene lo más importante: para que esta reducción produzca un verdadero ahorro, no basta con eliminar 20 curules. También debe reflejarse en el presupuesto de la Cámara de Diputados.
De nada serviría reducir la cantidad de legisladores si los recursos que anteriormente se destinaban a esas 20 posiciones permanecen íntegramente dentro del presupuesto institucional y terminan siendo utilizados en otros gastos corrientes, programas o proyectos, de la misma Cámara de Diputados.
Por eso considero que, al momento de formular y aprobar la Ley de Presupuesto General del Estado correspondiente al año 2028, debe evaluarse una reducción efectiva de las partidas vinculadas a esos escaños eliminados, tomando en consideración los costos reales y las obligaciones presupuestarias de la institución.
De lo contrario, estaríamos frente a una reducción de diputados que no necesariamente se traduciría en una disminución del gasto público. Y precisamente uno de los propósitos que debería perseguir esta medida es demostrar que el sacrificio también debe comenzar por quienes administran y representan los intereses del Estado.
Los tiempos que vivimos demandan sobriedad, prudencia y responsabilidad en la administración pública y, sobre todo, en el manejo de los fondos públicos. Muchas prácticas políticas que hace 15 o 20 años podían considerarse normales, hoy resultan difíciles de justificar ante una sociedad cada vez más informada, observadora y exigente.
Tenemos ciudadanos mucho más pendientes de cómo se invierte cada peso del presupuesto nacional. Y eso, lejos de representar un problema, constituye un avance importante para nuestra democracia.
El Congreso Nacional también debe aprovechar esta oportunidad para revisar y reorientar determinadas políticas internas de beneficios, gastos y privilegios que, en las circunstancias actuales, pueden resultar desproporcionados o injustificables frente a las necesidades de la población.
Hoy se demandan políticos más sensibles, prudentes, conscientes de la realidad social y comprometidos con el país que queremos dejarles a las próximas generaciones.
La reducción de 190 a 170 diputados es una decisión acertada, pero no debe convertirse en una simple modificación numérica de nuestra representación congresual. Debe ser el punto de partida para una revisión más profunda de la forma en que se administran los recursos públicos.