Los productores de arroz de Estados Unidos cuentan con una red de ayudas federales que los protege de caídas de precios y pérdidas económicas, un dato que cobra relevancia en República Dominicana tras la derogación del decreto que regulaba la importación del cereal, según un análisis de Diario Libre divulgado este jueves.

La muestra más reciente es el programa Farmer Bridge Assistance, aprobado en febrero de 2026 para cultivos sembrados en 2025. Fijó una ayuda extraordinaria de 132.89 dólares por acre de arroz, unos 328 dólares por hectárea, la tasa por superficie más alta entre los cultivos incluidos, por encima del algodón, el maíz, el trigo y la soya.

Para calcular el pago, las autoridades estimaron un rendimiento de 75.06 quintales por acre y un precio previsto de 11.60 dólares por quintal, equivalente a cien libras. Con ello proyectaron ingresos por ventas de 870.70 dólares por acre frente a costos de producción de 1,307.68 dólares, es decir, una pérdida de 436.98 dólares. La ayuda cubre el 30.4 % de ese déficit y equivale al 15.3 % del ingreso previsto. Estas proporciones salen del modelo oficial y no reflejan necesariamente las cuentas de cada finca.

Tampoco representan el subsidio total que reciben los arroceros norteamericanos. Para dimensionarlo habría que sumar los programas aplicables a un mismo período, sus condiciones de acceso y evitar mezclar cosechas distintas.

A las transferencias extraordinarias se suman mecanismos permanentes. El Price Loss Coverage (PLC) paga cuando el precio aplicable cae por debajo de la referencia efectiva, y la legislación de 2025 subió esa referencia del arroz de 14 a 16.90 dólares por cien libras, un 20.7 % más desde la cosecha de 2025. No es una garantía de compra de la cosecha: el pago se calcula sobre un rendimiento reconocido y el 85 % de la superficie histórica elegible. El Agriculture Risk Coverage (ARC) cubre descensos de ingresos, y existen préstamos federales de comercialización que usan la cosecha como garantía. En 2023, el Departamento de Agricultura ya había habilitado hasta 250 millones de dólares solo para arroceros.

El debate llega a Santo Domingo en pleno giro comercial. El decreto 635-26, del 9 de septiembre, derogó el 693-24 de diciembre de 2024, que imponía un arancel de 20 % dentro del contingente registrado ante la OMC y de 99 % fuera de él, y reservaba una cuota de 23,300 toneladas de arroz estadounidense con arancel cero. El 11 de septiembre, la Oficina del Representante Comercial de EE. UU. (USTR) planteó públicamente la necesidad de eliminar ese régimen, durante una reunión virtual con el canciller Víctor “Ito” Bisonó.

El arroz pesa en la mesa y en el campo: los dominicanos consumen unos 65 kilos por persona al año, y en 2024 el país produjo cerca de 680,000 toneladas, que cubrieron alrededor del 96 % del consumo, según datos de la consultora DASA.

El ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat, aseguró que el Gobierno “no va a dejar solos a los productores arroceros” y citó entre las medidas la mecanización, la planificación y la asistencia técnica. Explicó que la decisión arancelaria responde a los compromisos comerciales del país.

Los apoyos estadounidenses no prueban por sí solos ventas por debajo del costo ni una infracción comercial. Sí obligan a medir la competencia considerando esas ayudas, junto con productividad, escala, transporte y calidad, un análisis que sigue pendiente.