Treinta y siete personas murieron en septiembre en hechos que la Policía Nacional reporta como intercambios de disparos con sus agentes, de acuerdo con el conteo de Diario Libre. De ese total, 23 casos se registraron entre el 18 y el 25 del mes, lo que evidencia una aceleración en la última semana. El primer caso de septiembre se documentó el día 6.

Por territorios, Santo Domingo concentra la mayor cantidad, con 11 fallecidos, seguido de Santiago, con seis. Azua, Barahona, Duarte y Puerto Plata registran dos cada una. Dajabón, el Distrito Nacional, Hermanas Mirabal, La Altagracia, San Pedro de Macorís, El Seibo, Espaillat, Samaná y Montecristi suman un deceso cada uno.

El registro acumulado desde el 5 de enero hasta el 21 de septiembre contabiliza al menos 180 muertes en hechos de este tipo. Según las versiones de la Policía, los fallecidos estaban vinculados a delitos como homicidio, robos y atracos, y algunos eran buscados por órdenes de arresto o tenían denuncias en su contra.

La cifra llega poco más de un mes después de que el mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García asumiera la dirección de la Policía, en sustitución del mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz, quien pasó a retiro tras seis meses en el cargo. Rodríguez García ha defendido una línea firme. "Lo vamos a buscar, no importa donde se metan", advirtió, según N Digital, y sostuvo que la institución está obligada a proteger a los ciudadanos honestos.

Las críticas no se han hecho esperar. El defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, rechazó el viernes, durante una jornada en Santiago, que una persona pueda ser privada de la vida como sustituto de una condena judicial, en un país donde no existe la pena de muerte. Ulloa planteó que el combate al crimen debe pasar por la investigación policial, la acusación del Ministerio Público y la decisión de los jueces. "La Policía no es solamente matar de un tiro", afirmó. También advirtió que, si los hechos ocurren como se informa oficialmente, personas inocentes también pueden perder la vida, y recordó que la Constitución protege el derecho a la vida.

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Manuel María Mercedes Medina, elevó el tono durante la asamblea de la organización. Anunció que recurrirán a organismos internacionales para denunciar las muertes y emplazó al director de la Policía a que "detenga las ejecuciones de ciudadanos". Además, llamó a Ulloa a trabajar junto a las organizaciones de derechos humanos para investigar los casos.

La discusión se produce en medio de indicadores oficiales de descenso. La Policía reporta una tasa acumulada de 7.34 homicidios por cada 100,000 habitantes hasta el 18 de septiembre, según datos de la Fuerza de Tarea Conjunta. Ese contraste alimenta un debate de fondo para el país: hasta qué punto la respuesta armada al crimen puede convivir con las garantías del debido proceso, y quién verifica de manera independiente cada uno de estos casos.

Queda por ver si el director de la Policía responderá al emplazamiento de la CNDH y si las denuncias anunciadas ante instancias internacionales llegarán a formalizarse.