Un juez de Paraguay ordenó este sábado que el expresidente Santiago Peña permanezca bajo prisión preventiva, luego de que el Ministerio Público lo imputara por presunta lesión de confianza y administración en provecho propio en la investigación por el colapso de Ueno Bank. La decisión fue tomada tras una audiencia de imposición de medidas en Asunción.

El magistrado, Humberto Otazú, juez penal de Garantías de Delitos Económicos, justificó la medida en la necesidad de asegurar que el imputado se mantenga en el país. “Entendemos que se tiene que tener garantía de su permanencia en el país”, afirmó ante medios paraguayos. Según los reportes, Peña decidió no declarar en la audiencia y conservará su custodia de seguridad presidencial, debido a información sensible que manejó como jefe de Estado. No se informó dónde cumplirá la medida.

De acuerdo con el Ministerio Público, a Peña se le atribuye lesión de confianza, en calidad de instigador, y administración en provecho propio, como autor. Los fiscales sostienen que, siendo presidente, habría intervenido en decisiones sobre la colocación, renovación y permanencia de fondos públicos y previsionales en Ueno Bank, entidad con cuyo grupo empresarial habría mantenido relaciones económicas y societarias. La Fiscalía también imputó al expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo, y solicitó prisión preventiva para ambos, además de una inhibición general de bienes. Según Demócrata, el juez aún estudia el pedido sobre los bienes, y las fuentes consultadas no confirman qué medida se impuso a Carvallo. En total hay 27 imputados, entre ellos Miguel Vásquez, cofundador del banco.

La imputación llega al cierre de una semana de crisis. El martes 3 de noviembre, el BCP ordenó un procedimiento de resolución o disolución de Ueno Bank, que contaba con unos 2,9 millones de clientes y recursos del Instituto de Previsión Social (IPS) por alrededor de 350 millones de dólares. El jueves, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, con 78 votos, el juicio político contra Peña, quien presentó su renuncia mientras se debatía la acusación. El Congreso no la aceptó y, el viernes 6 de noviembre, el Senado lo destituyó. Pedro Alliana asumió la presidencia.

Para atender la emergencia, el gobierno promulgó una ley que agiliza la devolución de depósitos. Alliana informó que ya se han pagado más de 996 mil millones de guaraníes, unos 160 millones de dólares, a 1,196,000 cuentas de clientes.

La Fiscalía investiga presuntas irregularidades en la colocación de recursos públicos y previsionales en el banco, incluidas fallas de supervisión e información incompleta o alterada. Entre 2023 y 2026, la entidad habría captado depósitos de instituciones públicas y previsionales mientras otorgaba créditos a empresas de su propio grupo. Como en todo proceso, los imputados son considerados presuntos responsables hasta que un tribunal determine lo contrario. Queda pendiente la decisión del juez sobre el pedido de inhibición de bienes y el avance de la investigación.