El Consejo de Defensa del exprocurador general Jean Alain Rodríguez denunció este viernes una "intensa ofensiva comunicacional" del Ministerio Público, a la que acusó de intentar "desviar la atención" del debate jurídico que el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional resolverá el próximo lunes 17 de agosto: si corresponde declarar extinguido el proceso penal en su contra por haber excedido el plazo máximo de cuatro años que establece el artículo 150 del Código Procesal Penal.

El caso, vinculado a la Operación Medusa, se aproxima a los seis años desde el inicio de la investigación. Rodríguez fue enviado a juicio de fondo el 28 de junio de 2024 por el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, acusado junto a otras personas de corrupción administrativa durante su gestión al frente de la Procuraduría General de la República (PGR).

Según el Consejo de Defensa, integrado por los abogados Carlos Balcácer y Nelly Rivas, tras el "amplio debate público" generado esta semana sobre la procedencia de la extinción, el Ministerio Público intenta "trasladar nuevamente la discusión hacia las falsas imputaciones de fondo". Los abogados negaron categóricamente cualquier negociación: "No existe ningún acuerdo ni negociación por parte de Jean Alain Rodríguez", afirmaron en un comunicado, en respuesta a declaraciones previas de la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, quien había señalado que el exprocurador intentó en algún momento llegar a un acuerdo sobre las acusaciones en su contra.

La defensa citó tres decisiones judiciales, incluida la sentencia núm. 059-2023-SRES-00003 del Tercer Juzgado de la Instrucción, mediante las cuales, según sostiene, se descartó que las dilaciones del proceso fueran atribuibles a Rodríguez. Enumeró además una serie de presuntas deficiencias en la investigación del Ministerio Público, entre ellas solicitudes de prórroga, el depósito tardío de documentos y una acusación de más de 12,000 páginas con un disco duro que, según la defensa, contenía pruebas defectuosas.

El Ministerio Público, por su parte, ha sostenido en audiencias previas a través de la procuradora Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) que el cómputo del plazo razonable no responde a un criterio puramente cronológico, sino que debe evaluarse según la complejidad del caso, y que parte de las dilaciones son atribuibles a la propia defensa, incluyendo incidentes de salud no documentados y recusaciones. El órgano acusador reiteró esta semana la "contundencia probatoria" de las 34 líneas de imputación que, según sostiene, documentan una estructura organizada para la depredación del patrimonio público y el lavado de activos, con una sustracción estimada en más de RD$6,000 millones al Estado dominicano.

El fallo de las juezas Claribel Nivar, Clara Castillo y Yissell Soto, previsto inicialmente para el 12 de agosto, ha sido aplazado en más de una ocasión y quedará definido este lunes, en una decisión que marcará el rumbo del proceso: su continuación hacia el juicio de fondo o su cierre definitivo por vencimiento de plazo.