El presidente Luis Abinader, mediante el decreto 45-26 emitido el pasado 27 de enero, concedió una pensión de RD$90,000 mensuales a Wanda Altagracia García Rondón de Pimentel, exdirectora del Acuario Nacional. Esta disposición se hace pública dos años después de que García fuera destituida en enero de 2024, tras una serie de investigaciones que confirmaron faltas graves a la ética y transparencia en su gestión.

La salida de García de la administración pública estuvo precedida por una investigación periodística de Nuria Piera, la cual documentó casos de nepotismo al nombrar a su yerno como asesor tecnológico, además de un esquema de irregularidades en el uso de recursos. Entre los hallazgos figuraban asignaciones de combustible por casi medio millón de pesos a personal que ya no laboraba en la institución, así como la adjudicación de contratos críticos —como la recuperación de datos o la compra de tiburones— a empresas dedicadas a servicios incompatibles, como catering y food trucks.

Aunque la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig) y la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) confirmaron las anomalías y recomendaron sanciones administrativas en su momento, la reciente medida del Poder Ejecutivo ha generado un fuerte contraste entre el discurso de cero tolerancia a la corrupción y la asignación de fondos públicos para el retiro de la exfuncionaria. El decreto reactiva el debate sobre los criterios utilizados para otorgar pensiones especiales a figuras con expedientes administrativos cuestionados.