La organización no gubernamental Justicia Sin Fronteras sometió una solicitud de medida cautelar de extrema urgencia ante el Tribunal Superior Electoral (TSE) en contra de la Junta Central Electoral (JCE). El objetivo principal de la acción es suspender de manera provisional la aplicación del artículo 13 de la Resolución 14-2026, una disposición que prohíbe la difusión de encuestas y sondeos electorales fuera del período oficial de precampaña.

Representada por el abogado Harrison Féliz, la entidad argumenta que la JCE se ha excedido en sus facultades normativas al imponer una restricción general que no figura en la Ley 20-23 sobre Régimen Electoral. En su instancia, advierten que esta medida vulnera derechos fundamentales, como la libertad de expresión y el derecho ciudadano a recibir información política, propiciando un clima de autocensura entre los medios de comunicación, analistas y las propias firmas encuestadoras.

El recurso se fundamenta en principios jurídicos como el periculum in mora (riesgo de daños irreparables por la demora del proceso) y el fumus boni iuris (apariencia de buen derecho). La demanda fue interpuesta ante el TSE por ser la alta corte competente, según el artículo 334 de la legislación electoral, para dirimir conflictos derivados de resoluciones y actos administrativos de la JCE que afecten los derechos políticos y democráticos de la ciudadanía.