El Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) dispuso la suspensión preventiva del personal de seguridad y acompañamiento del centro residencial del municipio de Guerra, provincia Santo Domingo, tras el fallecimiento de una adolescente de iniciales N. P. P. ocurrido en la madrugada del domingo 24 de mayo de 2026. La menor, quien presentaba condiciones previas de salud y una alta vulnerabilidad, había ingresado al amparo estatal apenas nueve días antes, el 15 de mayo. Las indagatorias preliminares vinculan de forma directa el incidente con el accionar de otras tres adolescentes recluidas en el mismo recinto.

Ante la gravedad del hecho, la dirección de Conani notificó formalmente el caso al Ministerio Público, órgano que asumió la investigación penal correspondiente para esclarecer las circunstancias exactas de la muerte y establecer las responsabilidades legales. Paralelamente, la entidad estatal procedió con la intervención administrativa inmediata del hogar de paso con la finalidad de auditar y reestructurar los protocolos internos de atención, vigilancia y protección integral de los menores de edad acogidos en el sistema.

La tragedia expone nuevamente la crítica realidad operativa de estos centros de acogida. La propia institución admitió de manera pública que en estas instalaciones cohabitan menores con perfiles de alta complejidad conductual y psicosocial, incluyendo víctimas de trata, explotación sexual, abandono, maltrato severo y trastornos del comportamiento. La falta de una segregación técnica adecuada y de personal especializado para manejar estas variables contextuales representa un desafío sistémico no resuelto en las políticas de seguridad ciudadana y de protección a la infancia en la República Dominicana.