El Estado dominicano completó este fin de semana la fase territorial de la Consulta Nacional para el Futuro de la Educación Dominicana, un proceso de diálogo intersectorial que logró integrar las propuestas de las 31 provincias y el Distrito Nacional tras la celebración de los foros correspondientes a las regiones Ozama, Higüamo y Yuma. Los encuentros, realizados en las ciudades de Santo Domingo y San Pedro de Macorís, congregaron a autoridades, maestros, estudiantes, empresarios y organizaciones de la sociedad civil con el propósito fundamental de diseñar un modelo académico unificado que responda de manera directa a los desafíos económicos y tecnológicos que enfrenta el país.

Durante el foro Ozama, celebrado el viernes en la capital, el debate se centró en buscar mecanismos viables para articular de forma coherente la enseñanza preuniversitaria, superior y técnico-profesional. En ese escenario, el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT), Rafael Santos Badía, advirtió que la transformación académica de la República Dominicana solo se materializará mediante un pacto real que involucre a todas las fuerzas productivas y sociales de la nación. “La educación no pertenece a un partido político; pertenece al país. Nuestro objetivo es que la revolución tecnológica nos encuentre preparados y que los dominicanos seamos protagonistas del cambio, no víctimas de él”, afirmó el funcionario, tras destacar la urgencia de formar ciudadanos con competencias prácticas, capaces de acceder a empleos dignos en un mercado cada vez más tecnificado y global.

La visión gubernamental sobre esta reforma estructural también fue respaldada por el viceministro de Planificación y Desarrollo Educativo, Ayacx Mercedes Contreras, quien precisó que la calidad y la pertinencia curricular deben constituir los ejes innegociables del sistema para garantizar el desarrollo a largo plazo. Desde el ámbito técnico, la directora general del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), Maira Morla, señaló que la educación vocacional está llamada a consolidarse como el puente más efectivo entre la capacitación y la productividad empresarial, instando a los sectores presentes a aportar soluciones medibles para el sector.

El proceso consultivo cobró una dimensión de alta exigencia social el sábado, durante las sesiones conjuntas de las regiones Higüamo y Yuma efectuadas en San Pedro de Macorís, las cuales agruparon a delegados de toda la región este. Esta jornada destacó por la fuerte incidencia y participación de organizaciones orientadas a los derechos de las personas con discapacidad, como el Círculo de Mujeres con Discapacidad, el Centro Alternativo Experimental del Sordo, el Centro de Coordinación Mating y la Asociación para Ciegos Nueva Esperanza. Los voceros de estas entidades presentaron propuestas formales para exigir que los recintos escolares y universitarios ofrezcan acceso real a tecnologías adaptadas, un cuerpo docente especializado en inclusión y un sistema de becas que rompa las barreras históricas de marginación.

Al recoger estas inquietudes, tanto Santos Badía como Morla reconocieron que un nuevo marco educativo nacional carecería de impacto si permite que la población más vulnerable quede excluida de las oportunidades de progreso. Con el cierre definitivo de esta etapa a nivel de provincias, la agenda oficial transitará hacia una fase de foros sectoriales específicos y consultas abiertas a través de medios de comunicación y plataformas digitales. Todos los aportes y compromisos recabados a nivel nacional serán sistematizados por el Estado y presentados como un plan de acción durante la celebración del próximo Congreso Nacional de Educación.