La Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios (ANPA) convocó oficialmente a una nueva marcha hacia el Palacio Nacional para el próximo 24 de julio de 2026, con el objetivo de exigir una respuesta directa del Poder Ejecutivo ante el pliego de demandas laborales y salariales que afecta al sector. La medida fue ratificada de forma unánime durante una asamblea general celebrada en el Distrito Nacional, la cual contó con la participación de decenas de delegados y técnicos agrícolas del país, quienes aprobaron la intensificación del plan de lucha que mantiene el gremio.

El presidente de la ANPA, Tito Hernández, aclaró que la intención principal del sindicato no es generar confrontaciones políticas, sino asegurar el bienestar de los técnicos que sostienen la producción alimentaria del país. «Quiero decirle al presidente de la República que los agrónomos no somos sus enemigos, ni somos enemigos del Gobierno, ni respondemos a intereses partidarios. Somos una organización gremial cuya razón de ser es defender las reivindicaciones de los profesionales agropecuarios», manifestó el dirigente. Hernández enfatizó que, aunque la entidad prioriza el diálogo y la concertación institucional como las vías idóneas para alcanzar acuerdos estables, se ven obligados a recurrir a la movilización pública, pacífica y organizada cuando las solicitudes de los trabajadores no reciben la atención debida.

El núcleo de las exigencias presentadas por la ANPA incluye un ajuste integral en las compensaciones y la estabilidad laboral del sector. Específicamente, el gremio demanda la emisión de pensiones dignas para 1,435 profesionales de las ciencias agropecuarias, así como la revisión de los acápites vigentes y el incremento de las pensiones de otros 670 agrónomos que ya se encuentran en retiro. En el ámbito laboral activo, la organización exige el nombramiento de 500 nuevos profesionales, cifra que contempla de manera prioritaria la reposición de 350 técnicos que fueron cancelados de sus puestos institucionales. Asimismo, reclaman el establecimiento de un salario mínimo sectorial de RD$50,000 mensuales y la ejecución inmediata de la categorización y la escala salarial que ya fueron aprobadas previamente por el Ministerio de Administración Pública (MAP).

Esta nueva convocatoria añade presión a la gestión de las políticas del sector agropecuario dominicano, en un momento donde la asistencia técnica en el campo es fundamental para garantizar la seguridad alimentaria y la estabilidad de los precios de los productos de consumo masivo. La dirección ejecutiva de la ANPA puntualizó que mantiene la expectativa de recibir una respuesta favorable y concreta por parte del mandatario antes del 24 de julio, lo que podría desactivar la protesta. No obstante, la organización emitió un llamado formal a todas sus delegaciones regionales y a los profesionales agrícolas de la geografía nacional para concentrarse masivamente en Santo Domingo en la fecha indicada si el Palacio Nacional no abre canales de negociación definitivos.