SANTO DOMINGO.- La Asociación Nacional de Mujeres Empresarias, Ejecutivas y Profesionales (ANMEPRO) expresó su respaldo al proyecto de Ley Orgánica de Respuesta Integral a las Violencias contra las Mujeres, conocido como Ley Mirabal, y pidió al Congreso Nacional que, al estudiarlo, garantice recursos suficientes, responsabilidades claras y mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas.

La presidenta de la organización, Agripley Valverde, planteó que la protección de las mujeres debe traducirse en garantías concretas para su vida, su integridad y su capacidad de desarrollarse. Según dijo, una mujer que enfrenta violencia no debería tener que renunciar a su empleo ni a su emprendimiento para buscar seguridad, y la respuesta institucional debe permitirle “reconstruir su proyecto de vida con dignidad y autonomía”.

De acuerdo con ANMEPRO, la iniciativa ofrece una oportunidad para fortalecer la prevención, la protección, la atención a las afectadas y su acceso a la justicia. El gremio destacó, en particular, las medidas de protección laboral contempladas en el texto: permisos para atender diligencias vinculadas con situaciones de violencia, adecuación de las condiciones de trabajo cuando el riesgo persista y protección del empleo durante la permanencia en refugios. También valoró que el proyecto prevea acceso a formación, empleo, emprendimiento, asistencia técnica y financiamiento público para favorecer la recuperación económica de las mujeres afectadas.

El pronunciamiento llega después de que el Gabinete de Mujeres, Adolescentes y Niñas, que preside la ministra de la Mujer, Gloria Reyes, entregara el anteproyecto a la Cámara de Diputados. Según el Ministerio de la Mujer, la propuesta busca actualizar la respuesta del Estado a las violencias contra las mujeres, armonizarla con el nuevo Código Penal y el Código Procesal Penal, y articular a las instituciones desde el momento en que se conoce un caso. Incluye modalidades como las violencias facilitadas por las tecnologías, la violencia vicaria y la violencia ginecobstétrica, además de medidas de evaluación de riesgo, formación especializada, protección, investigación y reparación. Minou Tavárez Mirabal, por su parte, resaltó la importancia de actualizar la Ley 24-97 a partir de la experiencia acumulada en su aplicación.

La propuesta ya ha recibido otros respaldos. La Comisión para la Igualdad de Género del Poder Judicial expresó su apoyo, y el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, consideró conveniente su aprobación, según El Dinero.

Valverde advirtió que las disposiciones legales son un paso importante, pero que su impacto dependerá de que se traduzcan en servicios accesibles, protección oportuna y resultados verificables. Por eso, ANMEPRO exhortó a los legisladores a estudiar el texto con rigor jurídico y diálogo técnico, y a asegurar condiciones reales de implementación. El nombre de la ley rinde homenaje a Patria, Minerva y María Teresa Mirabal.

Queda por ver cómo avanzará el proyecto en la Cámara de Diputados y si el texto final incluirá las partidas presupuestarias y los mecanismos de rendición de cuentas que piden estos sectores.