El Consejo Nacional de los Derechos Humanos (Conadehu) solicitó formalmente a las autoridades judiciales y al Ministerio Público de la República Dominicana garantizar el derecho fundamental a la presunción de inocencia y el debido proceso en favor del general de brigada de la Policía Nacional, Wandy Madé Montilla, quien se encuentra bajo investigación penal. Mediante una declaración institucional emitida por la dirección ejecutiva de la organización civil, el organismo defensor argumentó que toda persona imputada debe ser tratada con estricto apego a las garantías contempladas en la Constitución de la República y los tratados internacionales, advirtiendo sobre el impacto negativo que generan los linchamientos mediáticos antes de que un tribunal dicte una sentencia definitiva e irrevocable.

La postura de Conadehu surge en un momento de alta atención pública en el país respecto a los expedientes de control interno y disciplinario dirigidos a altos oficiales de los cuerpos castrenses y policiales. El director ejecutivo de la entidad civil, Nelson Gutiérrez, enfatizó que el sistema de justicia dominicano debe operar con objetividad y basar sus actuaciones exclusivamente en la presentación de pruebas lícitas, contundentes y verificables, alejándose de presiones externas o corrientes de opinión que pretendan suplantar la labor de los jueces. Al fijar la posición del consejo, Gutiérrez manifestó: "Exigimos que el caso del general Madé Montilla sea ventilado bajo las reglas claras del derecho, donde la dignidad humana y la presunción de inocencia no sean sacrificadas en el altar de la espectacularidad comunicativa".

El organismo de derechos humanos precisó que su intervención no busca obstruir las facultades de investigación que legalmente posee el Ministerio Público para esclarecer cualquier hecho punible, sino asegurar que las fases preliminares del proceso penal no se conviertan en una condena anticipada que destruya la reputación moral y profesional del investigado y de su entorno familiar. Según los lineamientos técnicos de la organización, la exposición desproporcionada de los detenidos en los medios de comunicación vulnera de manera directa el artículo 69 de la Carta Magna dominicana, el cual establece los criterios del debido proceso y la tutela judicial efectiva para todos los ciudadanos sin distinción de rango o investidura.

Este pronunciamiento de Conadehu añade un elemento de debate técnico-jurídico al escenario nacional, en el marco de las reformas que se ejecutan dentro de la Policía Nacional y la reestructuración de los métodos de persecución penal del Estado. La entidad civil adelantó que sus equipos legales mantendrán una labor de observación y monitoreo continuo sobre el desarrollo de las audiencias y las solicitudes de medidas de coerción correspondientes a este caso, con el fin de certificar que el comportamiento de los fiscales y de los órganos de custodia militar cumpla de forma estricta con las normativas procesales vigentes y el respeto a los derechos humanos fundamentales en el territorio dominicano.