La Cámara de Diputados de la República Dominicana acordó este miércoles acelerar el conocimiento del proyecto de reforma policial propuesto por el Poder Ejecutivo, fijando un plazo de apenas siete días para que una comisión permanente estudie la iniciativa y presente su informe definitivo el próximo martes. El hemiciclo busca dar salida rápida a una pieza legislativa cuyo análisis previo en el Senado de la República se extendió por aproximadamente siete meses, con el objetivo de lograr su aprobación antes de que concluya la presente legislatura ordinaria, pautada para el próximo 26 de julio. Si la cámara baja aprueba el documento sin introducir modificaciones adicionales, el proyecto será remitido directamente al presidente Luis Abinader para su promulgación u observación.

Fuente: Cámara de Diputados de la República Dominicana
La urgencia legislativa contrasta con los tiempos del Senado, donde el estudio del marco normativo que el Gobierno impulsa desde diciembre de 2025 cobró un dinamismo decisivo tras la muerte del joven Darlin Mercado, quien falleció a manos de un agente policial durante un operativo de requisa en el sector de Herrera, Santo Domingo Oeste. Este trágico suceso aceleró las discusiones sobre la necesidad de establecer controles más estrictos al uso de la fuerza y regular con mayor precisión las actuaciones de los uniformados frente a la ciudadanía.

El núcleo de la reforma se enfoca de manera directa en desincentivar y penalizar las conductas abusivas por parte de los miembros de la Policía Nacional. De convertirse en ley, el nuevo régimen no solo impondrá castigos administrativos a los agentes que cometan faltas éticas o de abuso de poder, sino que afectará de manera directa sus bolsillos y su desarrollo profesional, aplicando rebajas salariales y el bloqueo absoluto de sus posibilidades de ascenso de rango.

Uno de los puntos clave del proyecto es el artículo 155, el cual delimita con exactitud qué prácticas se consideran inaceptables en el ejercicio policial. Según la redacción modificada por el Senado, el uso de la fuerza por parte de los oficiales debe responder estrictamente a criterios de proporcionalidad, señalando de forma categórica que "cualquier exceso de coacción oficial configura el delito de abuso de autoridad". Adicionalmente, el texto prohíbe explícitamente que los policías realicen "tocamientos en zonas erógenas" o que fuercen a un ciudadano a desnudarse en el transcurso de un registro superficial de carácter rutinario.

La reforma también plantea una reestructuración interna profunda en el reclutamiento y la jerarquía de la institución. El proyecto de ley dispone la eliminación definitiva del ingreso de nuevos aspirantes bajo el rango de raso. A partir de la entrada en vigor de la normativa, las personas que finalicen sus estudios y su formación en la academia policial ingresarán de forma directa al cuerpo del orden con la denominación y categoría de agentes patrulleros.

Con el plazo fatal autoimpuesto por los diputados para el próximo martes, la reforma de la Policía Nacional se encamina a un momento decisivo en el Congreso Nacional, donde compartirá el foco de atención con las cruciales discusiones sobre las modificaciones al Código Penal en el cierre de la agenda parlamentaria de este período legislativo.