El Gobierno dominicano ha decidido cambiar de rumbo respecto a la polémica fusión de los ministerios de Educación (Minerd) y de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt). Tras el rechazo inicial de sectores empresariales y sindicales, la propuesta no se limitará a una absorción administrativa, sino que se ha convertido en un proyecto de reestructuración profunda del sistema educativo nacional. Este nuevo enfoque será discutido en el seno del Consejo Económico y Social (CES) y sometido a una consulta pública para garantizar el consenso que la pieza original, depositada en el Congreso en diciembre pasado, no logró obtener.

El proceso cuenta con la asesoría de figuras clave como la exministra Jacqueline Malagón y el experto Radhamés Mejía, quienes trabajan junto a los titulares del MAP, Minerd y el Infotep. El objetivo técnico es reformar integralmente las leyes 66-97, 139-01 y 116-80, buscando la despolitización del sector y una mejora en los indicadores de aprendizaje, que actualmente se consideran críticos. Uno de los puntos de mayor fricción sigue siendo la gestión presupuestaria, específicamente si los fondos del 4% del PIB serán compartidos, un tema que aún no ha sido definido en el borrador avanzado.

Un aspecto diferenciador de la nueva propuesta es el tratamiento de la Ciencia y la Tecnología. Los expertos involucrados plantean que estas áreas deben mantener una independencia operativa o regulatoria ("un plato aparte") para no asfixiar la innovación y el registro de patentes comerciales dentro de la estructura burocrática del Minerd. Con esta maniobra, el Ejecutivo busca desactivar las críticas sobre la reducción de recursos para la educación preuniversitaria y proponer un modelo de acompañamiento formativo continuo para el ciudadano.