La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, sostuvo este miércoles que los llamados "intercambios de disparos" en los que mueren presuntos delincuentes durante operativos policiales no constituyen una política del Estado. Lo dijo en una entrevista en El Despertador, según reportó Diario Libre, en un momento en que el tono de las autoridades contra la delincuencia ha elevado los cuestionamientos sobre el uso de la fuerza.

Confrontada con la advertencia del presidente Luis Abinader a los perseguidos por la justicia, a quienes pidió entregarse porque de lo contrario "les va a ir peor", la funcionaria evitó explicar qué significa esa frase. Dijo que no le corresponde interpretar las palabras del mandatario. "Todo el mundo sabe que no es una política de Estado", afirmó al referirse a los enfrentamientos armados. Según explicó, la reforma policial del Gobierno prioriza la preservación de los derechos humanos y el uso proporcional de la fuerza, y las actuaciones de los agentes deben ser revisadas por la Inspectoría General y Asuntos Internos de la Policía.

Raful defendió también la versión policial de que, en numerosos operativos, los agentes son recibidos a disparos. Dijo que lo que ve en la operatividad diaria es que a los policías generalmente no los esperan con las manos arriba, sino que se producen choques que terminan en situaciones lamentables. Esa posición coincide con la del director de la Policía, mayor general Ernesto Rodríguez García, quien ha defendido el derecho de los agentes a proteger sus vidas y ha planteado que enfrentará a los perseguidos "en el terreno que el delincuente elija".

Las cifras sostienen la controversia. Diario Libre informó que la Policía Nacional ha reconocido 45 muertes en septiembre, en 25 días, bajo la gestión de su nuevo director. Un recuento citado por Acento hablaba de 37 fallecidos hasta el 25 de septiembre, 23 de ellos entre el 18 y ese día. El mismo medio recoge que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sostiene que 189 personas murieron en estos hechos en 2025 y que unas 4,500 lo hicieron entre 2018 y 2025.

Un rastreo de Diario Libre añadió otro elemento. De 182 fallecidos en lo que va de 2026, solo tres figuraban en la lista de prófugos publicada por la institución, pese a que la Policía ha argumentado que las víctimas eran perseguidos con antecedentes. Rodríguez García afirmó que todas las personas ultimadas en los últimos días tenían prontuario delictivo.

La CNDH, por medio de su presidente Manuel María Mercedes, pidió frenar lo que califica como ejecuciones, exigió que se investigue cada muerte y anunció una jornada de movilización nacional. El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, señaló que nadie puede ser privado de la vida como sustituto de una condena y que estos casos deben seguir el debido proceso. Varios diputados, incluidos opositores, respaldaron que se investiguen las circunstancias de cada caso.

Queda por verse qué resultados arrojan las revisiones internas que Raful menciona, y si el Ministerio Público, a quien corresponde investigar posibles infracciones penales de los agentes, asume un papel visible en estos casos. Hasta ahora, la Policía remite a los afectados a ese órgano.