El Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional ordenó la puesta en libertad de los diez implicados en el fraude financiero digital perpetrado contra el Banco BHD, cuyo monto asciende a más de 200 millones de pesos. El tribunal rechazó la solicitud del Ministerio Público, que requería de manera formal la imposición de un año de prisión preventiva y la declaratoria de tramitación compleja para el expediente. En su lugar, el magistrado encargado del caso dispuso la aplicación de medidas de coerción menos gravosas, consistentes en el pago de garantías económicas, impedimento de salida del territorio nacional y la obligación de presentarse periódicamente ante el órgano persecutor.

La presunta red delictiva, desmantelada mediante la ejecución de nueve allanamientos simultáneos coordinados por la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros y la Policía Cibernética (Dicat), tiene como señalado cabecilla a Jeffre Leonardo Cepeda Núñez. De acuerdo con el expediente acusatorio instrumentado por el Ministerio Público, Cepeda Núñez aprovechó su condición de empleado dentro de la referida entidad bancaria para vulnerar las validaciones digitales del sistema corporativo y desviar altas sumas de dinero de manera sistemática. El órgano de persecución penal imputa al grupo la comisión de los delitos de estafa agravada, robo asalariado, lavado de activos y violación a la Ley de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.

El esquema delictivo operaba a través de accesos ilegicos y movimientos financieros fragmentados hacia cuentas de personas externas al banco, quienes actuaban bajo la modalidad de "mulas" para retirar los fondos desviados y evitar los mecanismos de alerta automatizados de la institución. Las indagatorias penales iniciaron luego de que el propio Banco BHD detectara las inconsistencias monetarias en sus registros contables durante una auditoría interna de control de riesgos operacionales realizada en el mes de marzo, procediendo de inmediato a la desvinculación laboral del empleado, la notificación regulatoria a la Superintendencia de Bancos y la formalización de la denuncia penal ante la Fiscalía. Tras verse cercado por las pesquisas, Cepeda Núñez se entregó de forma voluntaria ante el Ministerio Público, mientras que el resto de los coimputados civiles fueron arrestados durante los operativos domiciliarios, donde se ocuparon vehículos de gama alta, dinero en efectivo y equipos electrónicos de almacenamiento de data.

Para el sistema financiero de la República Dominicana, el desenlace de esta medida de coerción abre una discusión técnica sobre la proporcionalidad judicial frente a la ciberdelincuencia corporativa. Aunque la puesta en libertad de los imputados no frena el curso de las investigaciones ni los desvincula del proceso penal, la decisión judicial genera suspicacias en los sectores comerciales debido a la facilidad con la que una estructura de cuello blanco, acusada de vulnerar la seguridad de una de las principales bancas múltiples del país, logra evadir la reclusión preventiva. Las autoridades bancarias informaron de manera oficial que las cuentas y depósitos de los clientes se mantuvieron intactos y protegidos durante todo el incidente debido a que el desvío afectó exclusivamente las líneas de crédito y los fondos de reserva internos de la corporación. Con las restricciones migratorias ya vigentes, el Ministerio Público dispone ahora de los plazos normativos correspondientes para profundizar en el rastreo del flujo de capitales y presentar la acusación formal en busca de una apertura a juicio.