Un análisis reciente del Proyecto de Datos sobre Deportaciones de la Universidad de California Berkeley revela un cambio radical en la política migratoria de Estados Unidos durante el primer año del segundo mandato de Donald Trump. Las detenciones en la vía pública —que incluyen arrestos en tribunales y oficinas del ICE— experimentaron un incremento superior al 1,000 %, marcando un fenómeno sin precedentes en la gestión fronteriza. Este giro estratégico ha desplazado el foco de los traslados desde prisiones hacia capturas directas en comunidades y espacios públicos, aumentando significativamente la vulnerabilidad de la población inmigrante.

El informe destaca que el perfil del detenido ha cambiado drásticamente: los arrestos de personas sin antecedentes penales se dispararon un 770 %, lo que indica que el historial delictivo ya no es el factor determinante para la agencia. Para sostener esta campaña, la Administración Trump ha cuadruplicado la capacidad de los centros de detención, reduciendo las liberaciones a un mínimo histórico del 7 %. Como consecuencia, las deportaciones ejecutadas en menos de 60 días se han duplicado, mientras que los retornos voluntarios se multiplicaron por 28, reflejando una tendencia de los inmigrantes a desistir de sus casos ante el endurecimiento de las condiciones de reclusión.