Un 23 % de los adolescentes dominicanos de entre 12 y 17 años que usan internet, unos 272,000 en todo el país, sufrió alguna forma de explotación o abuso sexual facilitado por la tecnología durante los últimos 12 meses, según el estudio Disrupting Harm, divulgado este martes por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), ECPAT International e Interpol. La cifra coloca a República Dominicana con la mayor prevalencia registrada entre los 15 países donde se ha aplicado esta investigación.

El informe contó con un proceso de articulación nacional en el que, según UNICEF, el Ministerio de Justicia desempeñó un papel clave para hacer posible su realización en el país. Geny Lozada, oficial de Protección de UNICEF, presentó los principales hallazgos durante el lanzamiento y destacó los desafíos que enfrenta el Estado dominicano para prevenir, detectar y responder a estas formas de violencia.

Uno de los datos centrales del estudio es que, en el 68 % de los casos, el agresor era una persona conocida por el adolescente: un familiar, amigo, conocido o pareja sentimental. Entre las modalidades identificadas figuran la exposición a contenido sexual no deseado, las solicitudes de material sexual, las ofertas de dinero o regalos a cambio de imágenes, las amenazas y la difusión no consentida de contenido íntimo. Un 4 % de los adolescentes consultados señaló además que alguien había usado inteligencia artificial para crear imágenes o videos sexuales falsos de ellos, una modalidad que, de acuerdo con el estudio, plantea retos nuevos para la protección de menores. WhatsApp, Facebook e Instagram fueron las plataformas más mencionadas, aunque también se registraron casos vinculados a videojuegos en línea.

El estudio revela una brecha crítica entre la magnitud del problema y su respuesta institucional: menos del 1 % de los casos se denunció a las autoridades, lo que UNICEF atribuye a la necesidad de fortalecer los mecanismos de denuncia y las capacidades institucionales para atender, investigar y responder a estas situaciones. Un tercio de los adolescentes afectados, según los resultados, no le contó a nadie lo ocurrido.

Carlos Carrera, representante de UNICEF en República Dominicana, afirmó durante la presentación que "detrás de estas cifras hay niñas, niños y adolescentes cuya confianza fue vulnerada". El funcionario planteó que la responsabilidad de la protección no puede recaer sobre los propios menores en un entorno digital que, sostuvo, debe ser seguro desde su diseño.

El informe documenta también que el riesgo se distribuye de forma similar entre zonas rurales y urbanas, y que los adolescentes de 12 a 15 años enfrentan niveles de exposición comparables a los de 15 a 17 años. Cerca de la mitad de las víctimas identificadas son varones. Los investigadores asociaron estas experiencias con mayor probabilidad de ansiedad, autolesiones y pensamientos o comportamientos suicidas entre los adolescentes afectados.

Para UNICEF, los resultados obligan a una respuesta que trascienda lo tecnológico y lo legislativo: protocolos de actuación claros, mecanismos de denuncia accesibles, servicios de atención especializados y mayor coordinación entre las instituciones dominicanas encargadas de la protección infantil. El organismo planteó el hallazgo como punto de partida para una agenda nacional, y sugirió que República Dominicana tiene ante sí una oportunidad de asumir liderazgo regional en la materia si convierte la evidencia en política pública.