El Ministerio Público dominicano concluyó formalmente su réplica en la audiencia preliminar del Caso Calamar, solicitando al juez de la instrucción dictar auto de apertura a juicio de fondo contra todos los imputados.

La fiscal Mirna Ortiz defendió la validez de las oposiciones a pagos en el Ministerio de Hacienda, argumentando que son medidas precautorias autorizadas judicialmente para evitar la disipación de fondos provenientes del lavado de activos.

El órgano persecutor sostiene que el esquema fraudulento se basó en acreencias inexistentes y documentos falsos, reafirmando la necesidad de mantener las medidas de coerción para garantizar la integridad del proceso.