El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, confirmó que el Ministerio Público mantiene abierta una investigación penal en contra de la empresa Onco14, bajo la sospecha de haber cometido un fraude que asciende a los 3,700 millones de pesos en perjuicio del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa). Las declaraciones del magistrado se produjeron este martes en la sede de la Procuraduría General de la República, donde detalló que las pesquisas se encuentran en una fase activa y de desarrollo estratégico tras recolectar evidencias iniciales sobre irregularidades financieras de alto impacto en el sistema de seguridad social.

De acuerdo con las informaciones suministradas por el procurador adjunto, las indagatorias se concentran en un presunto esquema de facturación ilícita mediante el cual la entidad proveedora de servicios de salud realizaba cobros recurrentes al seguro del Estado por tratamientos oncológicos, quimioterapias y procedimientos médicos especializados que nunca llegaron a aplicarse a los pacientes. Las autoridades fiscales detectaron que el entramado utilizaba de manera fraudulenta las identidades y los registros de afiliados de SeNaSa, incluyendo casos de personas que ya habían fallecido, para justificar la salida de fondos públicos y simular la prestación de atenciones médicas de alto costo.

Como parte de las acciones operativas destinadas a robustecer el expediente, el Ministerio Público, con el apoyo de unidades técnico-policiales, ejecutó de forma simultánea múltiples órdenes de allanamiento en diferentes puntos del Gran Santo Domingo, dirigidas a intervenir las oficinas administrativas de Onco14 y las residencias de los principales ejecutivos vinculados a la firma. Durante estas requisas, los fiscales procedieron con la incautación de un volumen considerable de documentos financieros, expedientes clínicos y soportes informáticos que serán sometidos a peritajes forenses para determinar el alcance definitivo de las transacciones y deslindar las responsabilidades penales correspondientes.

Para la República Dominicana, este caso pone de manifiesto la urgencia de endurecer los mecanismos de auditoría interna y fiscalización digital en las instituciones de protección social del Estado. El desvío de fondos millonarios destinados originalmente a la cobertura de enfermedades catastróficas afecta directamente la sostenibilidad financiera del SeNaSa y compromete la calidad del servicio para miles de dominicanos de escasos recursos que dependen de este seguro para costear sus tratamientos contra el cáncer. Wilson Camacho precisó que los equipos de investigación continúan con el análisis de los materiales confiscados y el interrogatorio de los implicados, quedando pendiente la solicitud formal de medidas de coerción ante los tribunales correspondientes conforme se completen los hallazgos en las próximas semanas.