La Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI) expresó este lunes su preocupación por la decisión de cuatro jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) de no someterse al proceso de evaluación convocado por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), al considerar que la situación obliga a revisar la confianza que genera este mecanismo.

La organización sostuvo que la evaluación del desempeño de los jueces de la Suprema Corte está prevista constitucionalmente y debe contribuir a fortalecer la legitimidad del Poder Judicial. Para ello, consideró indispensable que el procedimiento se desarrolle con respeto al debido proceso, la independencia judicial, la objetividad, la transparencia y la debida motivación de las decisiones.

La ROI aclaró que respeta el derecho de cada magistrado a decidir sobre la continuidad de su carrera. Sin embargo, planteó que la salida anticipada de jueces con amplia trayectoria antes de ser evaluados debe generar una reflexión sobre las condiciones institucionales que rodean el proceso.

El planteamiento adquiere relevancia porque el Reglamento núm. 2-25 del CNM establece que los jueces de la Suprema Corte están sujetos a evaluación de desempeño y que el órgano debe valorar aspectos como integridad, imagen pública, reputación intelectual, destrezas profesionales, capacidad de análisis, laboriosidad, competencias académicas y eficiencia en los casos asignados.

La organización destacó particularmente las decisiones de las magistradas Nancy Salcedo Fernández y María Garabito Ramírez de no participar en el proceso. Según la ROI, ambas forman parte de una Suprema Corte que elevó a cinco el número de mujeres integrantes en diciembre de 2025.

En el caso de Salcedo Fernández, la entidad consideró que su eventual permanencia representaba una posibilidad histórica, al tratarse de una jueza de carrera que podía convertirse por primera vez en presidenta de la Suprema Corte.

La ROI también recordó que había formulado observaciones durante el anterior proceso de evaluación y designación de integrantes de las altas cortes. Entre sus reclamos figuraron la adopción de criterios objetivos, mayor transparencia y una mejor explicación de las decisiones adoptadas por el CNM.

Uno de los principales cuestionamientos actuales se refiere precisamente a la transparencia. Aunque la organización valoró que recientemente fueran publicadas actas correspondientes a los procesos de designación de jueces de la SCJ y del Tribunal Superior Electoral realizados en diciembre de 2025, consideró que esos documentos no permiten conocer suficientemente las razones que sustentaron las decisiones.

La ROI pidió al CNM conducir las evaluaciones con reglas claras, criterios verificables, decisiones debidamente motivadas, igualdad de trato y participación efectiva de observadores ciudadanos. También reclamó el cumplimiento del mandato constitucional de paridad.

El debate coloca nuevamente en el centro la relación entre evaluación judicial, independencia y carrera judicial. Para la ROI, el mecanismo debe servir para fortalecer la institucionalidad y no convertirse en un factor que genere incertidumbre entre magistrados con décadas de servicio.

La legitimidad del proceso, concluyó la organización, dependerá de la confianza que pueda generar entre los jueces y la ciudadanía y de su capacidad para preservar la independencia judicial y fortalecer la carrera de quienes integran el sistema de justicia dominicano.