La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste conoce este miércoles la solicitud de medida de coerción, consistente en prisión preventiva, contra el cabo de la Policía Nacional, José Francisco Moreta Heredia, imputado por el homicidio voluntario del joven Darlin Enmanuel Mercado Reyes, de 19 años. El conocimiento del proceso legal se reanuda luego de que el magistrado Reyes Riz ordenara el aplazamiento de la audiencia con el propósito formal de garantizar la notificación y debida presencia del representante legal de la Policía Nacional como parte civilmente demandada, en un caso que ha provocado conmoción social debido a la naturaleza de la intervención de los uniformados.

De acuerdo con el expediente acusatorio instrumentado por el Ministerio Público, los hechos ocurrieron el pasado viernes en el sector La Cañada de Guajimía, en el municipio de Herrera, durante labores de patrullaje de los agentes del orden. El órgano persecutor establece que el imputado se encontraba requisando al ciudadano Fénix Junior Ceballos Guzmán, quien se desplazaba a bordo de una motocicleta propiedad de la víctima; al percatarse de la acción judicial, Mercado Reyes se aproximó de forma pacífica al agente para indicarle que el vehículo era de su propiedad, momento en el cual el imputado, sin mediar palabras, le propinó un disparo certero en el tórax que le causó la muerte instantánea. La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, calificó formalmente el acto como “indignante” y advirtió que los fiscales asignados al litigio cuentan con elementos de prueba robustos y testimoniales contundentes para comprometer la responsabilidad penal directa del cabo, incluyendo un registro en video captado de manera directa en el lugar de la tragedia que se encuentra bajo análisis del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

A raíz del trágico desenlace, la jefatura de la Policía Nacional dispuso de manera inmediata la suspensión de sus funciones de los cinco agentes que integraban la patrulla y acompañaban a Moreta Heredia al momento de los disparos, para someterlos a los procesos disciplinarios internos correspondientes. Por su parte, la barra legal que representa a los familiares de la víctima manifestó ante la prensa su oposición rotunda a las pretensiones de la defensa técnica del procesado, la cual ha sugerido que se le permita cumplir la medida cautelar en el campamento de Operaciones Especiales en Manoguayabo, bajo el argumento de que el hecho constituyó un accidente; ante esto, los querellantes advirtieron que la institución del orden "no puede servir de cuna de protección para una persona asesina".

Este suceso trasciende el ámbito judicial e impacta directamente el debate estructural en la República Dominicana sobre el uso proporcional de la fuerza letal y los resultados tangibles de la reforma policial, generando un fuerte rechazo político de la oposición que califica el hecho como un reflejo de debilidad institucional en los protocolos preventivos en zonas vulnerables. Mientras tanto, se mantiene un panorama de alta vigilancia civil en Herrera y en el palacio judicial ante posibles brotes de protestas sociales por parte de organizaciones comunitarias que demandan una condena ejemplar en este juicio.