El Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (CODUE) manifestó este viernes su respaldo a las recientes medidas económicas presentadas por el Poder Ejecutivo, al tiempo que hizo un llamado urgente a priorizar reformas estructurales orientadas a robustecer el aparato productivo del país. El pronunciamiento de la entidad religiosa se produce tras el paquete de acciones anunciadas por el equipo económico del Gobierno, las cuales buscan mitigar las presiones financieras vigentes y garantizar la estabilidad macroeconómica en el territorio nacional.

De acuerdo con las declaraciones de Feliciano Lacen Custodio, presidente del CODUE, estas disposiciones gubernamentales han sido introducidas en una coyuntura internacional compleja que impone importantes desafíos para las finanzas internas. El líder evangélico enfatizó la urgencia de reorientar el debate nacional hacia transformaciones que no solo busquen la recaudación, sino que impulsen de manera directa la competitividad, la generación de empleos y el desarrollo sostenible de la nación.

El dirigente recordó que la organización ya había anticipado la necesidad de blindar la estructura económica local ante el deterioro del contexto geopolítico global. En ese sentido, Lacen Custodio precisó: “Advertimos desde el inicio de esta crisis global que nuestro país debía prepararse para enfrentar las consecuencias económicas derivadas de estos conflictos. Economías como la nuestra son particularmente sensibles a los impactos externos, por lo que situaciones de esta naturaleza generan desafíos que afectan a distintos sectores de la sociedad”.

Frente a la vulnerabilidad de la República Dominicana ante los choques externos, el presidente del CODUE exhortó a los liderazgos públicos, privados y sociales a dejar de lado las visiones unilaterales y a integrarse en un proceso de concertación colectiva. El representante de la comunidad evangélica reiteró la plena disposición del gremio para ocupar espacios de diálogo formalizados con el Estado, argumentando que el consenso es la única vía legítima para asentar las bases del crecimiento y preservar la paz social. Las discusiones sobre la aplicación final de estos ajustes tributarios y financieros se trasladarán ahora al Congreso Nacional, donde los diferentes sectores productivos esperan que las autoridades ponderen el impacto real sobre las familias de menores ingresos antes de su ratificación definitiva.