La jueza Wendy Polanco Santos, de la Tercera Sala Unipersonal de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo Oeste, condenó a Samuel Matías De León Acosta a tres años de prisión, con suspensión condicional de la pena, por obtener energía eléctrica mediante una conexión ilegal para el negocio Sammy Liquor Store, un establecimiento de venta de bebidas alcohólicas ubicado en la avenida Isabel Aguiar, sector Herrera, en Santo Domingo Oeste.

El caso se originó a partir de un allanamiento realizado por el Ministerio Público en coordinación con la Superintendencia de Electricidad (SIE), mediante una orden judicial. Según informó la Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (Pgase), durante la intervención en el local se detectó un fraude eléctrico consistente en una conexión directa de 240 voltios. El expediente reveló que, al momento de la inspección, el medidor del establecimiento se encontraba suspendido por falta de pago, pero el negocio continuaba recibiendo el servicio a través de la conexión irregular, y se determinó que De León Acosta era el beneficiario directo de esa energía.

Como parte de la sentencia, el condenado deberá pagar 1.4 millones de pesos, monto correspondiente al valor de la energía que dejó de facturarse, conforme a la tasación validada por la SIE. A esa cifra se suma una indemnización de 150,000 pesos a favor de Edesur Dominicana, como reparación por los daños y perjuicios ocasionados a la distribuidora eléctrica. El tribunal también impuso una multa equivalente a dos salarios mínimos a favor del Estado dominicano, además de las costas penales y civiles del proceso.

Bajo el régimen de suspensión condicional de la pena, De León Acosta deberá cumplir varias reglas de conducta, entre ellas mantener un domicilio fijo y notificar cualquier cambio de residencia al juez de la Ejecución de la Pena de Santo Domingo. En caso de incumplir estas condiciones, deberá cumplir de manera efectiva los tres años de prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras.

El caso se suma a una serie de procesos judiciales recientes vinculados al fraude eléctrico en el país, un fenómeno que las distribuidoras y la Superintendencia de Electricidad han identificado como una de las principales causas de pérdidas económicas en el sistema, y que continúa siendo objeto de operativos conjuntos entre el Ministerio Público y las empresas del sector energético.