El presidente de Chile, José Antonio Kast, anunció este miércoles en una alocución en cadena nacional que enviará al Congreso una reforma constitucional para establecer la seguridad de las personas como un deber expreso del Estado, en el marco de un paquete de más de 30 iniciativas legislativas contra el crimen organizado, según reportaron EFE y AFP. El mandatario explicó que la medida busca dotar al Estado de "un marco de acción mucho más amplio y herramientas más efectivas para combatir el crimen", de acuerdo con declaraciones recogidas por la agencia EFE.

La propuesta forma parte de la denominada Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), que Kast estructuró en torno a cuatro ejes: perseguir, capturar, juzgar y condenar. El mandatario instruyó al ministro de Seguridad, Martín Arrau, a ingresar el conjunto de proyectos al Congreso antes de Navidad. Entre las medidas anunciadas figuran el despliegue policial permanente en los 50 barrios más críticos del país, la ampliación del plazo de flagrancia de 12 a 24 horas, penas agravadas para quien pertenezca a una organización criminal y el decomiso y destrucción de bienes del crimen organizado a través de una nueva agencia estatal.

El paquete también contempla el endurecimiento de sanciones contra quienes recluten menores para actividades delictivas y la ampliación del periodo de retención de migrantes irregulares, actualmente fijado en cinco días, además de mayor capacidad de expulsión de personas sin derecho a permanecer en el país, según información difundida por la agencia AFP. El ministro Arrau adelantó posteriormente que uno de los proyectos buscará crear un listado oficial de organizaciones criminales y terroristas para facilitar su persecución legal.

El anuncio se produjo horas después de que el Senado chileno aprobara el último artículo pendiente de la megarreforma tributaria y económica impulsada por el Gobierno, que reduce el impuesto corporativo del 27 % al 23 % y que ahora deberá superar el control de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Kast calificó esa reforma como uno de los cuerpos legislativos más relevantes aprobados en Chile en las últimas tres décadas.

El giro hacia la seguridad ocurre en un contexto de caída en la popularidad del mandatario y de cuestionamientos por la falta de resultados rápidos en su ofensiva contra la delincuencia, a casi cinco meses de haber asumido el poder. Kast pidió la renuncia de su primera ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, luego de solo 69 días en el cargo. Según datos citados por AFP, la tasa de homicidios en Chile uno de los países considerados más seguros de la región se duplicó en la última década hasta alcanzar 5.4 por cada 100,000 habitantes en 2025, coincidiendo con la expansión de grupos criminales transnacionales como el Tren de Aragua.

El anuncio generó reacciones inmediatas en la oposición. La diputada del Frente Amplio Gael Yeomans cuestionó en redes sociales que la reforma no incluyera el levantamiento del secreto bancario a narcotraficantes, medida a la que el oficialismo se ha opuesto. El proceso legislativo de la reforma constitucional y del resto de los proyectos de la ACOT quedará ahora en manos del Congreso, donde deberá sortear la correlación de fuerzas entre oficialismo y oposición en los próximos meses.