La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) informó este miércoles que suspendió de oficio el Registro de Proveedores del Estado (RPE) de once senadores, una medida ejecutada el pasado 19 de junio en cumplimiento de la Ley 47-25 de Contrataciones Públicas, vigente desde enero de este año. Según precisó el organismo mediante un comunicado, la acción forma parte de la implementación del nuevo régimen de inhabilidades absolutas para funcionarios electos y designados, y tiene carácter preventivo y administrativo, no sancionador, con el propósito de garantizar el cumplimiento de la ley mientras los legisladores permanezcan en sus cargos.

La DGCP explicó que la Ley 47-25 endureció sustancialmente las reglas que antes regían esta materia. A diferencia de la derogada Ley 340-06, que permitía a funcionarios de primer y segundo nivel jerárquico entre ellos los legisladores mantener hasta un 10 % de participación accionaria en empresas proveedoras del Estado, la nueva normativa prohíbe cualquier participación societaria, sin importar el porcentaje, así como ejercer funciones de dirección, gerencia o integrar consejos de administración en compañías que contraten con el sector público.

Entre los legisladores identificados por el organismo figuran Moisés Ayala Pérez, senador por Barahona, accionista del Instituto de Medicina Popular; Santiago José Zorrilla, senador por El Seibo, vinculado a Combustibles Alternativos José Espinal; Jonhson Encarnación Díaz, senador por Elías Piña, accionista de Centrimed; Carlos Manuel Gómez Ureña, senador por Espaillat, accionista de Unión Telecard Dominicana; Ginnette Altagracia Bournigal de Jiménez, senadora por Puerto Plata, accionista de Turinortv; Gustavo Lara Salazar, senador por San Cristóbal, vinculado a Gestión Proactiva Gespro; Daniel Enrique de Jesús Rivera Reyes, senador por Santiago, accionista de Unión Médica del Norte; Bernardo Alemán Rodríguez, senador por Montecristi, con registro a título personal; Casimiro Antonio Marte Familia, senador por Santiago Rodríguez, vinculado a Comercial La Sidra y Asetran; y Alexis Victoria Yeb, senador por María Trinidad Sánchez, gerente de Constructora 059041.

La institución recordó que el 13 de febrero había emitido la circular DGCP44-PNP-2026-001, mediante la cual otorgó un plazo de 15 días hábiles a los funcionarios comprendidos en las causales de inhabilidad para solicitar voluntariamente la suspensión de su registro. Vencido ese plazo, la DGCP procedió con las suspensiones de oficio, con base en el artículo 69 del Reglamento de Aplicación 52-26, tras un proceso de cruces de datos y verificación que, según la entidad, forma parte de sus labores rutinarias para preservar la integridad del Registro de Proveedores del Estado.

El organismo detalló que, desde la entrada en vigor de la Ley 47-25, ha suspendido de oficio 81 registros de proveedores correspondientes a funcionarios electos y designados, a través de tres actos administrativos emitidos en lo que va de 2026. La cifra se suma a los 591 registros que la DGCP había suspendido entre 2020 y 2025 bajo la derogada Ley 340-06, correspondientes a funcionarios de primer y segundo nivel jerárquico, autoridades municipales electas y sociedades comerciales vinculadas a estos, en lo que constituye una de las depuraciones más amplias del padrón de proveedores del Estado en los últimos años.