La Cámara de Diputados de la República Dominicana inicia este jueves el conocimiento formal del proyecto de ley denominado «Medidas Pro-Crecimiento Económico, Simplificación Fiscal y Mitigación de la Crisis Internacional», apenas horas después de que el Senado de la República aprobara la pieza de urgencia en dos lecturas consecutivas. El paquete de reformas, remitido por el Poder Ejecutivo con el objetivo explícito de recaudar aproximadamente 50,000 millones de pesos para paliar los efectos de la incertidumbre financiera global, entra en su segunda etapa legislativa en la cámara baja, donde deberá superar dos lecturas reglamentarias antes de su eventual conversión en ley.

El avance acelerado del proyecto en el Senado, concretado en un periodo de apenas cinco días desde su introducción al Congreso Nacional, generó fuertes fricciones con las bancadas de oposición. Durante el debate legislativo del miércoles, el bloque de senadores del partido Fuerza del Pueblo votó de manera unánime en contra de la iniciativa, criticando la rapidez del proceso de estudio y la falta de un espacio más profundo para la concertación social. Dentro de las discusiones, el pleno del Senado rechazó formalmente una modificación sometida por el legislador opositor Omar Fernández, la cual pretendía establecer una indexación salarial obligatoria para blindar los sueldos de hasta 52,000 pesos frente a los efectos inflacionarios de las nuevas cargas impositivas.

Por su parte, el diputado Félix Michell Rodríguez, también representante de la Fuerza del Pueblo, externó sus reparos ante la velocidad de la agenda oficialista al señalar que una propuesta de esta magnitud macroeconómica requería un estudio más detallado y un debate sustantivamente más amplio en comisiones antes de ser sometida al voto de los legisladores. Ante los cuestionamientos, el equipo económico del Gobierno, liderado en las sesiones de la comisión bicameral por el ministro de Hacienda, Magín Díaz, defendió el diseño técnico de la normativa, asegurando que la propuesta combina el estímulo al crecimiento con herramientas de estabilización. De acuerdo con lo explicado por Díaz, los criterios del plan fiscal se estructuraron bajo un principio de progresividad, buscando que los sectores con mayor músculo financiero asuman la mayor cuota de la carga tributaria sin golpear los ingresos de los segmentos vulnerables.

En términos estructurales, el proyecto aprobado modifica de forma sustancial el esquema impositivo dominicano mediante la creación de nuevos gravámenes dirigidos a las bancas de lotería y las plataformas de apuestas deportivas, un incremento en los porcentajes de retención aplicados a servicios profesionales independientes y la instauración de un impuesto directo sobre las ganancias de capital derivadas de la venta de bienes inmuebles. Como contrapeso técnico para el sector productivo de menor escala, la pieza contempla la derogación definitiva de los anticipos financieros para las microempresas y establece un régimen de amnistía fiscal para regularizar deudas previas. La rapidez con la que el bloque oficialista encamine la aprobación de estas disposiciones en la Cámara de Diputados determinará la fecha de entrada en vigencia de un nuevo modelo impositivo, cuyo impacto directo sobre el costo de los servicios y el sector inmobiliario nacional marcará el rumbo económico de la segunda mitad del año 2026.