La administración tributaria de la República Dominicana ha habilitado por tercera vez en menos de seis años un esquema de amnistía fiscal, una medida destinada a que los contribuyentes morosos regularicen sus deudas, pero que evidencia una clara tendencia a la baja en su capacidad recaudatoria. Según los registros oficiales de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), los dos programas de facilidades de pago implementados previamente entre 2020 y 2024 permitieron el ingreso de 37,755.8 millones de pesos a las arcas del Estado. Sin embargo, la brecha de rendimiento entre ambas iniciativas muestra un agotamiento del modelo: mientras el primer proceso aportó casi 30,000 millones, el segundo apenas superó los 8,000 millones.

El primer plan de regularización, amparado en la Ley 46-20 sobre Transparencia y Revalorización Patrimonial, fue el más exitoso tanto en captación de fondos como en participación ciudadana. Estuvo vigente entre marzo de 2020 y noviembre de 2021, período en el cual 43,955 contribuyentes se acogieron a los beneficios transitorios, inyectando al fisco 29,591.5 millones de pesos. Posteriormente, en agosto de 2023, el Gobierno promulgó la Ley 51-23, que estableció un nuevo tratamiento especial para la gestión y recuperación de deudas. Este segundo salvavidas fiscal, que extendió su vigencia hasta septiembre de 2024, registró una caída abrupta en su impacto: solo atrajo a 15,524 deudores y logró una recaudación de 8,164.3 millones de pesos. En conjunto, ambas normativas beneficiaron a 59,479 personas físicas y jurídicas.

A pesar de los rendimientos decrecientes comprobados por la DGII, el Estado dominicano ha vuelto a recurrir a esta herramienta a través del artículo 8 de la recién promulgada Ley 30-26 de medidas Pro Crecimiento Económico, Simplificación Fiscal y Mitigación de la Crisis Internacional. La inclusión de un tercer perdón tributario en tan corto tiempo refleja la urgencia del Gobierno por mantener a flote los ingresos estatales frente a la necesidad constante de financiar el gasto público. Esta nueva ventana de facilidades no opera de manera aislada, sino que forma parte de un paquete de ajustes con el que las autoridades económicas proyectan recaudar entre 40,000 y 50,000 millones de pesos, objetivo que dependerá en gran medida de los incrementos en las tasas de diversas figuras impositivas contemplados en la misma legislación.

Para la economía dominicana, la dependencia de amnistías fiscales recurrentes plantea un desafío estructural significativo. Si bien estas leyes generan inyecciones de liquidez a corto plazo, su aplicación reiterada puede desincentivar el cumplimiento voluntario y oportuno de las obligaciones tributarias, ya que los contribuyentes podrían optar por acumular moras a la espera del próximo perdón gubernamental. El reto inmediato de la DGII será asegurar que el paquete de medidas de la Ley 30-26 logre la meta de recaudación esperada sin comprometer la base de la cultura tributaria a largo plazo.