Un grupo de 82 extrabajadores de Falconbridge Dominicana (Falcondo) se encuentra en un limbo legal y financiero tras haber sido desahuciados el pasado 2 de marzo de 2026 sin recibir sus prestaciones laborales, las cuales ascienden en conjunto a 300 millones de pesos. Los afectados denunciaron que sus recursos están retenidos debido al complejo proceso judicial que enfrenta la minera de ferroníquel, la cual se acogió formalmente a la Ley de Reestructuración Mercantil en marzo de este año tras declararse en estado de insolvencia y cesar abruptamente sus operaciones en la provincia Monseñor Nouel.

De acuerdo con las declaraciones de los extrabajadores, la liberación de los fondos destinados al pago de sus liquidaciones se mantiene paralizada por disposición de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). El órgano recaudador del Estado ha condicionado el desembolso de los recursos a una autorización o dictamen definitivo por parte del tribunal que conoce el proceso de reestructuración mercantil de la compañía. "Era el plan que se tenía: reiniciar la operación de ferroníquel", lamentó bajo condición de anonimato uno de los voceros de los exempleados cancelados, al detallar el quiebre de las expectativas de estabilidad laboral en la zona de Bonao.

El cese definitivo de la producción minera ha dejado a la planta operando con personal subcontratado sumamente limitado. El vocero de los afectados explicó que actualmente en los terrenos de la mina solo permanece personal asignado a labores de seguridad y a tareas operativas básicas, las cuales fueron delegadas a terceros para garantizar un mantenimiento mínimo de las instalaciones físicas y mitigar los riesgos ambientales asociados a la conservación del yacimiento.

La crisis de la multinacional mantiene en vilo no solo a los empleados directos despedidos en marzo, sino también a las comunidades de la provincia Monseñor Nouel que dependen económicamente de la actividad minera. Ante el creciente descontento y las deudas acumuladas, el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper) recibió el mandato del Poder Ejecutivo para asumir la representación del Estado dominicano en el caso de Falcondo. Sin embargo, la resolución del conflicto laboral continúa supeditada al ritmo de los tribunales mercantiles, mientras las familias de los 82 trabajadores cancelados exigen una intervención urgente que priorice sus derechos laborales sobre las deudas comerciales de la corporación insolvente.