El proyecto de ley orgánica sobre libertad de expresión y medios audiovisuales, que pretendía modernizar el marco legal dominicano y sustituir la obsoleta Ley 6132, perimió oficialmente en el Congreso Nacional tras quedar estancado en una comisión especial del Senado. La iniciativa, que tomó tres años de preparación y consultas por parte de una comisión consultiva especial creada por el Poder Ejecutivo, expiró al agotarse los plazos de la legislatura sin haber llegado a ser debatida ni votada en el pleno de la Cámara Alta.

La propuesta comenzó a gestarse en junio de 2022 por disposición del presidente Luis Abinader, como respuesta estatal a los intensos cuestionamientos sociales frente a proyectos legislativos como la reforma de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y normativas de ciberseguridad, tildadas en su momento por comunicadores y activistas como "leyes mordaza". Para canalizar estas tensiones, el mandatario instauró con carácter honorífico la Comisión Consultiva para la Libertad de Expresión (Cclex), integrada por profesionales del derecho y la comunicación de la talla de Namphi Rodríguez, Persio Maldonado, Eric Raful y Elvira Lora. Tras un extenso proceso técnico, el borrador fue presentado en abril de 2024 en el encuentro de prensa "La Semanal" y depositado formalmente ante el Senado el 2 de mayo de 2025.

Pese a las expectativas iniciales, el trámite legislativo se paralizó de forma progresiva. El expediente pasó al estudio de una comisión especial coordinada por la senadora Aracelis Villanueva, la cual solo efectuó cinco reuniones de trabajo para definir su cronograma y escuchar a entidades como Participación Ciudadana. Sin embargo, el análisis técnico no concluyó y jamás se estructuró un informe definitivo para el conocimiento de los legisladores.

El declive del proyecto estuvo marcado por álgidas discusiones sobre la regulación de las plataformas digitales comerciales cuyos usuarios constituyeran más del 10 % de la población con acceso a internet en la República Dominicana. Diversos especialistas advirtieron que estas cláusulas abrían una peligrosa brecha a interpretaciones restrictivas y a la censura en entornos digitales. Ante el incremento de las críticas, el coordinador de la Cclex, Namphi Rodríguez, propuso de manera formal al Senado "retirar el capítulo relativo a las redes sociales para discutirlo posteriormente mediante una ley especial". Asimismo, en un intento por atenuar el costo político de la controversia, el presidente Abinader se desligó públicamente del texto final manifestando que "la propuesta no tenía ni una coma" redactada de su puño y letra.

El archivo definitivo de esta normativa representa un severo estancamiento institucional para la República Dominicana, que pierde la oportunidad de consagrar el acceso a internet como un derecho universal garantizado por el Estado y de abolir explitamente cualquier rastro de censura previa. De igual manera, se congela la fundación del Instituto Nacional de Comunicación (Inacom), el órgano autónomo diseñado para velar por los derechos informativos en el país. Tras el vencimiento de los términos constitucionales, el destino de la modernización de los medios queda en el aire, manteniendo vigente un esquema legal obsoleto mientras los sectores de la comunicación esperan un nuevo intento de consenso nacional.