Cien mil pesos fue lo que le pidieron a Juana Disla para que un abogado representara a su sobrino en una audiencia de medida de coerción. Después, un letrado conocido de la familia rebajó la cifra a 50,000. Tampoco pudieron reunirlos. El joven, de 18 años y a quien Diario Libre identifica con el seudónimo de Juan Pérez, terminó en la cárcel de Najayo con prisión preventiva.

La familia acudió entonces a la Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP), en Santo Domingo Oeste. Una defensora asumió el expediente, les indicó los documentos necesarios y pidió la revisión de la medida. El joven salió de Najayo tras alrededor de un mes de representación, aunque el proceso sigue abierto y continúa bajo medida de coerción. “En ningún momento pagamos un solo centavo”, relató Disla, según Diario Libre.

Su caso refleja una demanda en aumento. De acuerdo con estadísticas oficiales citadas por ese medio, la ONDP recibió 121,746 casos nuevos entre 2021 y 2025 y registró 595,562 atenciones. Los expedientes ingresados subieron de 20,768 a 26,232 en ese período, un alza de 26.3 %, y en el primer semestre de 2026 se sumaron otros 12,498. En los procesos que atiende la institución, las prisiones preventivas pasaron de 5,105 a 6,833, un aumento de 33.8 %. Las garantías económicas que la ONDP califica de imposible cumplimiento pasaron de 1,106 a 2,245.

El director de la ONDP, Rodolfo Valentín Santos, explicó que quien no pueda pagar un abogado puede pedir asistencia directamente o a través del tribunal, que envía un oficio y recibe un defensor asignado en 24 horas. El funcionario reconoció un déficit de unos 250 defensores. La institución cuenta con 210 defensores de carrera y 129 abogados adscritos, y cada uno lleva entre 300 y 500 casos. “Cuando un defensor público tiene cuatrocientos, quinientos casos es difícil que respire”, dijo.

Valentín Santos señaló que cerca del 90 % del presupuesto se destina a nómina, lo que limita nuevas contrataciones. Informó que 70 aspirantes acaban de graduarse y fueron distribuidos en distintas oficinas, y anunció un concurso para otros 80 defensores. Sobre esa cifra, el director ya había dicho en la televisión que el déficit ronda los 250 defensores y que se abrirá un nuevo concurso, según CDN.

El defensor Francisco Vásquez describió jornadas de ocho o diez audiencias diarias, además de la preparación de los demás casos. Para él, la desigualdad económica pesa en el proceso penal y considera cierta la idea de que el derecho penal es una “máquina de castigar pobre”. Los especialistas consultados por Diario Libre coincidieron en que no basta con asignar un abogado, sino que su asistencia debe ser oportuna y adecuada. El abogado Carlos Salcedo Camacho sostuvo que la defensa técnica es una garantía fundamental y no un privilegio, y advirtió que la prisión preventiva no debe funcionar como pena anticipada. El constitucionalista Cirilo de Jesús Guzmán López señaló que el Estado debe asegurar que quienes asuman esa responsabilidad estén preparados.

El contexto penitenciario agrava la situación. Valentín Santos informó que el porcentaje de privados de libertad en condición preventiva pasó de 61 % en 2025 a 65.3 %, según CDN. La Defensa Pública tampoco tiene oficinas abiertas al público en Constanza, Dajabón, Nagua, Samaná y El Seibo, aunque, según la institución, mantiene allí asistencia legal.

Queda por ver si los nuevos defensores bastarán para cubrir una demanda que sigue creciendo, y cómo avanzará la ampliación del personal con un presupuesto en gran parte comprometido en salarios.