El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, firmó este miércoles la extradición a Estados Unidos de cinco excabecillas de grupos armados que habían actuado como negociadores en los diálogos de paz impulsados por el Gobierno de su antecesor, Gustavo Petro, según informó el propio mandatario y recogió la agencia EFE.

Entre los extraditados figuran Geovanny Andrés Rojas, alias Araña, uno de los jefes de la disidencia de las FARC agrupada en la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB); Willinton Henao Gutiérrez, conocido como Mocho Olmedo, integrante del Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF); y Carmen Evelio Castillo, alias Muñeca, líder del grupo paramilitar Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN). Los tres se encuentran actualmente bajo custodia de las autoridades colombianas. El mandatario también dejó en firme la extradición de Gabriel Yepes Mejía, alias HH, cabecilla de una disidencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN), y de Fredy Castillo Carrillo, conocido como Pinocho, del ACSN, quienes permanecen prófugos.

"He ordenado hacer efectiva la entrega en extradición a los Estados Unidos de América de cinco ciudadanos, cuyas extradiciones ya habían sido concedidas por el Gobierno Nacional durante el año 2025, pero cuya entrega permanecía suspendida", declaró De la Espriella, según su propio comunicado. Explicó que la suspensión respondía a la participación de estas personas como representantes en distintas mesas de diálogo adelantadas por el Gobierno anterior. Según medios colombianos, en el caso de Henao Gutiérrez esa suspensión había quedado consignada en la Resolución 186 de 2025, que condicionaba su entrega a que hiciera "aportes verificables" y obtuviera "resultados concretos" dentro de la llamada política de paz total.

Los cinco requeridos son reclamados por la justicia estadounidense por delitos que, según cada caso, incluyen narcotráfico, concierto para delinquir, lavado de activos, porte ilegal de armas y narcoterrorismo, precisó el presidente colombiano. Al justificar la decisión, De la Espriella afirmó que, tras verificar cada expediente, su Gobierno "no encontró acreditados aportes verificables ni resultados concretos" de estas personas a la consecución de la paz, lo que despejó el camino para hacer efectivas las órdenes de entrega que ya contaban con aval judicial desde el año pasado.

La medida se produce apenas tres semanas después de que De la Espriella asumiera la Presidencia, el pasado 7 de agosto, tras el fin del mandato de Gustavo Petro. Antes de asumir el cargo, el nuevo mandatario había adelantado que en su Gobierno "no habrá ofertas generosas ni concesiones inaceptables" como las que, a su juicio, recibieron estos negociadores durante la administración anterior.

La decisión golpea directamente uno de los pilares de la política exterior y de seguridad del gobierno saliente: la llamada "paz total", que buscaba negociar simultáneamente con distintas estructuras armadas, entre ellas las disidencias de las FARC, el ELN y bandas como el Clan del Golfo, la mayor organización criminal del país. Esa estrategia perdió fuerza tras el fracaso de los diálogos con el ELN y el repunte de la violencia atribuido a la proliferación de grupos armados en varias regiones de Colombia.

Con estas extradiciones, el nuevo Gobierno colombiano envía una señal de ruptura con el enfoque negociador de su antecesor y anticipa un giro hacia una política de mano dura frente a las estructuras criminales, en momentos en que la seguridad se perfila como uno de los principales frentes de su gestión.