Guyana y Haití registran la esperanza de vida más baja de toda la región del Caribe, según reveló este miércoles el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). La advertencia de este organismo surge en un contexto donde, a nivel general, la población caribeña experimenta un promedio de longevidad inferior al del resto de América Latina, marcando una brecha de salud pública que limita el progreso socioeconómico de estas naciones.

El informe de 323 páginas, titulado ‘Democracias bajo presión: Reimaginar el futuro de la democracia y el desarrollo en América Latina y el Caribe’, indica que la esperanza de vida en los territorios caribeños oscila entre los 66 y los 76 años. En el extremo opuesto a Guyana y Haití se encuentran naciones como Barbados, Jamaica, Antigua y Barbuda, y Trinidad y Tobago, las cuales exhiben las tasas de longevidad más altas del bloque. No obstante, el documento precisa que los ciudadanos de la región logran mantener un estado de salud óptimo, en promedio, solo hasta los 70 años de edad.

Para el PNUD, las razones detrás de esta profunda desigualdad son multidimensionales y dependen en gran medida del modelo político. El organismo asegura que la gobernanza democrática juega un rol central para garantizar que la población acceda a servicios médicos de forma equitativa, sin importar su estrato social o ubicación geográfica. "Unos sistemas institucionales sólidos permiten planificar las inversiones en infraestructuras, distribuir adecuadamente al personal sanitario y diseñar mecanismos de financiación que reduzcan las disparidades territoriales y sociales", señala el texto, advirtiendo que cuando estos marcos fallan, la enfermedad actúa como un catalizador de la pobreza y la exclusión.

En el caso específico de la República Dominicana, la confirmación del colapso sanitario y la baja esperanza de vida en Haití subraya un desafío estratégico constante. La nula capacidad institucional del país vecino se traduce en una presión demográfica directa sobre el sistema hospitalario dominicano, el cual termina asumiendo una gran parte de la carga de atención médica especialmente en las áreas de maternidad y urgencias de la población migrante que cruza la frontera en busca de los servicios que su Estado no puede proveer.

El análisis internacional reconoce que el Caribe había logrado avances significativos hacia la cobertura sanitaria universal. Sin embargo, la irrupción de la pandemia de la COVID-19 paralizó este progreso, obligando a los gobiernos a desviar recursos hacia las emergencias y descuidando los programas preventivos. En la actualidad, el área enfrenta una transición epidemiológica severa, caracterizada por una alta prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles, como la diabetes, la hipertensión y las afecciones cardiovasculares, las cuales exigen redes de atención primaria más robustas.

Aunque los países miembros de la Comunidad del Caribe (Caricom) han creado normativas para la inmunización y el manejo de estos padecimientos crónicos, el PNUD advierte que "la existencia de marcos normativos no se traduce en una capacidad efectiva de aplicación". Las naciones insulares siguen padeciendo dificultades en la coordinación interinstitucional, escasez de personal médico cualificado y serios déficits en la sostenibilidad financiera de sus infraestructuras clínicas.

A este panorama se suma una alta dependencia de las importaciones farmacéuticas, lo que amplifica la vulnerabilidad de las islas ante crisis externas. Con la amenaza constante de los desastres naturales y el cambio climático sobrecargando los hospitales, el PNUD concluye que el fortalecimiento de los servicios médicos caribeños exige una "visión integral que combine la inversión en infraestructura y capital humano con mejoras en la gobernanza, la planificación y la cooperación regional".